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El diputado de ultramar Eduard Cruz no presentó un proyecto de ley. Lo que circula es una petición dirigida a la diáspora, no al país, para recolectar firmas. Propone que el Estado “done” los $10 de la tarjeta de turismo que pagan los dominicanos al entrar, y destinarlos a becas para hijos de dominicanos en el exterior. Ese cobro, además, es reembolsable ante la DGII y el trámite es rápido.
Suena atractivo para la diáspora. Pero es difícil que el país apoye usar un impuesto, que también pagan los dominicanos, para financiar estudios privados fuera.
¿SE PUEDEN USAR IMPUESTOS PARA BECAS EN COLEGIOS PRIVADOS DEL EXTERIOR?
No existe una prohibición universal. Depende de la Constitución, las leyes educativas y la jurisprudencia de cada país.
En varios sistemas democráticos sí hay mecanismos legales para que fondos públicos financien becas, vouchers o subsidios, incluso para estudiantes de instituciones privadas. La diferencia clave: si la ayuda va directo a la institución o indirecto al estudiante, que elige dónde estudiar. La Corte Suprema de EE.UU. ha validado ese criterio.
Pero también hay límites. En Louisiana, la Corte Suprema estatal anuló el uso de fondos destinados a escuelas públicas para pagar vouchers en colegios privados. En España, existen becas públicas válidas en universidades privadas y el Tribunal Constitucional ha señalado que excluir a esos estudiantes puede vulnerar igualdad y libertad educativa. En México, la Suprema Corte aclaró que ciertas becas obligatorias en colegios privados no son tributos ni financiamiento fiscal indebido.
EL VERDADERO DEBATE
Todo gira en torno a cuatro principios: derecho a la educación, libertad de enseñanza, deber prioritario del Estado con la educación pública y los límites constitucionales para transferir recursos públicos a entes privados.
En resumen: “Usar fondos públicos, incluidos impuestos, para financiar becas en instituciones privadas depende del marco jurídico de cada país. Puede estar permitido, restringido o prohibido”.
UNA PETICIÓN NO ES UNA LEY
Legislar es más serio que buscar aplausos en la diáspora. Según se lee, la petición busca: “Instruir al Departamento de Aviación para donar el impuesto turístico cobrado”.
Eso deja preguntas abiertas: ¿Puede un diputado instruir a una entidad del Ejecutivo mediante una petición? ¿Es viable usar un cobro migratorio reembolsable para costear educación privada fuera? ¿Dónde queda el interés público?
Antes de presentarlo como un gesto hacia la diáspora, hay que aclarar si es legal, si es justo para los contribuyentes que viven en el país y si realmente beneficia la educación dominicana.
