POR MERCEDES PERALTA
La convivencia en condominio se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la vida urbana contemporánea. No se trata únicamente de compartir muros y techos, sino de gestionar intereses, hábitos y derechos que coexisten en un mismo espacio. Frente a esa realidad, la regulación deja de ser un trámite para convertirse en una necesidad.
La regulación es, por definición, la respuesta al conflicto presente o futuro. No surge por afán de control, sino por previsión. Un reglamento bien construido no busca castigar, busca evitar que el desacuerdo escale hasta volverse judicial.
Pero para que funcione, debe cumplir una condición ineludible: *diseñarse conforme a la idiosincrasia del grupo humano que está llamada a servir.* Cada condominio es un microcosmos con su propia composición demográfica, cultural y económica. Lo que funciona en un edificio de segundas residencias no sirve en una torre de vivienda social. Lo que es vital para familias con niños pequeños es irrelevante para un condominio de oficinas. Ignorar esa idiosincrasia es redactar normas muertas.
A ello se suma un criterio técnico que suele obviarse: *las regulaciones deben considerar el tamaño y la complejidad relativa a su función.* No es lo mismo administrar 10 unidades que 200. Tampoco es lo mismo un condominio exclusivamente residencial que uno mixto, con locales comerciales, áreas deportivas, amenidades y flujo constante de terceros. A mayor complejidad, mayor debe ser el detalle normativo sobre horarios, ruidos, mascotas, uso de instalaciones y tránsito de personal externo.
En esa misma línea, se hace imprescindible *exigir una administración profesional, pagada y sin vinculación con los propietarios, cuando existan diferentes titulares de derechos.* La figura del vecino-administrador, aunque bien intencionada, termina capturada por conflictos de interés, falta de tiempo y carencia de herramientas legales y contables. La profesionalización garantiza imparcialidad, continuidad y responsabilidad. La gestión del patrimonio común no puede depender del voluntariado.
Finalmente, todo reglamento debe asentarse sobre dos pilares que, por básicos, son los más vulnerados: *el respeto al derecho ajeno y el respeto a las áreas comunes.* Entender que el pasillo, el elevador, el estacionamiento y la azotea no son extensiones del departamento, sino bienes de todos, es el inicio de una convivencia sana.
Regular la cotidianidad no es burocratizar la vida. Es protegerla.
JPM/am

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