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SANTO DOMINGO.- La empresa Dekolor, que ofrece el servicio de emisión de las licencias de conducir, calificó este miércoles de infundada la querella interpuesta en su contra por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison, por soborno, lavado y chantaje, al tiempo que aseguró que esta institución le adeuda 670 millones de pesos.
El Intrant presentó el 4 de julio en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) una querella en contra de dicha firma que incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y a la gerente general de la compañía, Sandra Oruña.
A través de un comunicado, el Intrant denunció una supuesta trama de intentos de soborno por parte de la empresa, que incluyen sumas de hasta un millón de dólares y 3,000,000 pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios claves de la institución.
«El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país», aseguró.
No obstante, la empresa afirmó este miércoles en un comunicado que la instancia presentada «es en represalia» por haber denunciado «las inconsistencias en el pliego de condiciones de la nueva licitación» para la emisión de las licencias de conducir, un proceso que consideró «diseñado para impedir su participación en condiciones de igualdad».
«Dekolor rechaza enfáticamente cualquier insinuación de haber recurrido a estrategias de soborno, chantaje, estafa, amenazas o lavado de activos», indicó en el comunicado el representante legal de la empresa, Marino Feliz Rodríguez
Desde 2022, según el abogado, el Intrant ha acumulado una deuda con Dekolor que asciende a más de 670 millones de pesos, «sin que esto haya afectado la calidad del servicio prestado».
De acuerdo con el Intrant, el contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.
A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional, agregó.