La descentralización y privatización de la empresa pública

La descentralización de las empresas públicas en la República Dominicana está instituida en la Constitución de la República en sus artículos del 138 al 141, capitulo lll, título lV. Esos organismos son provistos de personería jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Están adscritos al sector de la administración compatible con su actividad y bajo la vigilancia del ministro o la ministra de la entidad rectora. El objetivo de esos organismos es asegurar ofrecer los productos, bienes o servicios a la ciudadanía con calidad, eficiencia y eficacia, maximizando los ingresos y minimizando los gastos. La descentralización de las empresas públicas en el país se inició en el gobierno del Dr. Leonel Fernández en la década de los 90 logrando grandes éxitos en la modernización de los servicios que ofrecían y transformándolos en mas rápidos, baratos y accesibles a todos los miembros de la sociedad, independientemente que fueran ricos o pobres. Podemos observar los grandes frutos cosechados de esas transformaciones de empresas, que antes estaban en manos de tributarios y buscones y que luego pasaron a ser modelos, verdaderas prestadores de servicios con uso de alta tecnología de las cuales podemos mencionar instituciones tales, como la Dirección general de aduanas, dirección general de impuestos internos, Banco de Reservas, Superintendencia de Bancos, Junta Central Electoral, Pasaportes, Onamet, Armas de Fuego y Licencias de Conducir, entre otras como EGEHID Y ETED, que son empresas modelos en el sector eléctrico nacional. A partir del año 1996 se inicia el proceso de privatización y descentralización de la empresa pública en la republica dominicana (aunque en Latinoamérica se había iniciado en la década de los 80) en la búsqueda de eliminar las perdidas y alcanzar el auto sostenibilidad económica, financiera y autogestión, y brindar un servicio de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Con la desconcentración de los servicios se logró ofrecer un servicio oportuno, a bajos costos, satisfactorio y de calidad a la ciudadanía, garantizando operar las actividades delegadas con mayor transparencia, eficacia y eficiencia. Con una tecnología de punta logrando obtener y economizar sobrecostos y gastos innecesarios. Se eliminaron las filas, los intermediarios y se garantizó una ruta corta y al alcance de todos los ciudadanos. Con la descentralización, la República Dominicana se monta en el carro del desarrollo que habían tomado los países iberoamericanos que demostraron a lo largo de 30 años que las políticas de descentralización son un instrumento propicio, e incluso esencial, para aumentar la legitimación y la gobernabilidad democrática. En la actualidad en la totalidad de los países hasta las autoridades locales son electas por el voto popular político. Ver Celadel, 2012. En muchos de los países latinoamericanos los gobiernos locales administran, aunque sea parcialmente, los servicios básicos incluyendo la salud y educación, participan en la ejecución de políticas públicas centrales orientadas a combatir la pobreza y la exclusión social. Por lo que lejos de embarcarnos en procesos de privatización y de reconcentración debemos seguir con las políticas de desconcentración y descentralización de los servicios, tanto a nivel empresarial como locales (provinciales, municipales y distritales). Por otro lado, no podemos hablar así de lo que fue la privatización. La privatización de las empresas del Estado en la década de los años 90 por el ex presidente Leonel Fernández, fue un ejercicio con resultados negativos, nada positivo que exhibir. Este modelo de privatización no trajo soluciones, sino que sirvió para beneficiarse unos cuantos. Las empresas privatizadas fueron: la energía eléctrica (la parte de distribución), ingenios azucareros, empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, los hoteles estatales y aeropuertos. Según el gobierno la intención era promover la inversión de recursos frescos, liberarse del aporte de subsidios millonarios y garantizar mejores servicios a la ciudadanía, hoy ocurre todo lo contrario, no hubo las inversiones prometidas, el Estado ahora gasta más en subsidios y los servicios han colapsado. Ver Opinión del Valle. Los Ingenios Azucareros Estatales eran 10 al momento de la privatización, con esto se ha contribuido a aumentar el desempleo, donde la población de los ingenios ha tenido que recurrir al mercado laboral informal, por haber quedado miles de trabajadores sin trabajo. Las de empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), eran 26 en su conjunto, de esas 23 desaparecieron y sólo tres: Molinos del Ozama, La Tabacalera y Minas de Sal y Yeso están operando y aportando un 50% de sus beneficios van al Estado. Ver opinión del Valle. En caso de los Hoteles propiedad del Estado, eran un total de 19, con 1,277 habitaciones, se arrendaron estas infraestructuras a 20 o 30 años, alegando el propósito de que sean reacondicionadas y puesta en operación. Aun no vemos los resultados del retorno de las inversiones que hizo el estado en esas instalaciones propiedad del pueblo dominicano. En el marco de la crisis ante el surgimiento de voces que reclaman la recentralización es necesario recordar que han pasado alrededor de 20 años de descentralización y han demostrado el potencial que tienen las políticas públicas cuando estas han optado por la desconcentración de la producción de los bienes o servicios para lograr la competitividad económica y la sostenibilidad social, y que el aprovechamiento de ese potencial requiere procesos que doten a las empresas descentralizadas de mayores niveles de autonomía y más competencias, más recursos, y que al mismo tiempo, promuevan la democracia y la participación ciudadana en la vida pública. Hemos sido testigos de la privatización en nuestro país que ha sido un fracaso, pues en la mayoría de los casos el estado nunca recibe los beneficios producidos y en otros casos, las empresas privatizadas han sido de devueltas por los privatizadores y solo se han encontrado deudas y sus activos muy disminuidos. Mientras que no podemos dar ni un ejemplo de empresas descentralizadas quebradas ni sus activos disminuidos. El gobierno debe tener mucho cuidado con comerse el caramelo de la reconcentración de empresas publicas descentralizadas porque podría caer un paquete muy grande y muy complejo para operarlo y caer de nuevo a situaciones que han sido muy estudiadas por grandes expertos en esas especialidades. ¡Cuidado!.

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