La cultura del fraude

Es una práctica vieja, ancestral. Nació con nuestras deformaciones institucionales y ha sobrevivido a nuestra evolución política. La revolución científica de la era de la globalización la convirtió en un leviatán tecnológico.

Casi sesenta años de ensayo democrático no la han extirpado del cuerpo social y político de la nación, a la que carcome como un cáncer.

La corrupción administrativa es su alimento principal, sumun de su enraizamiento en las instituciones nacionales, creciendo y fortaleciéndose en la misma dimensión que el flagelo del peculado contra el erario público, reduciendo a la impotencia la voluntad soberana del pueblo dominicano.

La cultura del fraude no tiene parámetros morales, políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, éticos, humanos, jurídicos… ni de índole alguna. Alcanza categoría de vicio, de síndrome, de adicción. Y claro, el vicio no conoce virtudes, valores, no sabe de patriotismo, de dignidad nacional, de integridad institucional, de derechos, de razón, de bienestar social colectivo, ni de preservación de la paz.

El desenlace electoral del pasado 16 de febrero y la secuela de traumatismos sociales y crisis política e institucional, no nos sorprendió en lo particular, porque toda una cultura del fraude no se derrumba por la sola vía del parlamentarismo político, a través del sufragio que sus mismos representantes tienen la capacidad de cercenar.

Toda una casta gobernante, convertida en plutocracia, con código de poder con categoría de partido-estado, reinando en el paraíso de la miseria humana pluri facetica, dispuesta a volver a falsificarle la firma a Dios, no entrega el poder político a excepción de que el ejercicio del derecho al voto,se convierta en un movimiento cívico nacional capaz de remover telúricamente los cimientos mismos del estado y la sociedad dominicana.

La historia electoral reciente, de manera connotada la contienda proselitista actual, avala estas conclusiones. Afortunadamente, aunque algo retrasado, los componentes de ese movimiento de conciencia ciudadana nacional en el que cerrarán filas los más disímiles sectores del país, comienzan a tomar cuerpo y fortaleza en pro de derribar por siempre las bases fortificadas de la cultura del fraude.

Subvertir el orden democrático manchando el principio de la soberanía popular convierte al Estado nuestro en delincuente, de facto, fuera de todo estatuto jurídico, descalificado moralmente para administrar justicia, para legislar, y más aún, para imponer el imperio de la ley.

El sofisticado fraude electoral al que nos tienen acostumbrados por drogadicción tecnológica, fracasó por “sobredosis” infecciosa, pues nunca antes los más egregios exponentes actuales de ese delito electoral de lesa sociedad, patria y nación, habían necesitado como ahora, consumar una masacre jurídica de tal magnitud contra la soberanía popular para usurpar el poder.

¡Qué vergüenza! Seguimos siendo una subcultura política.

JPM