El pasado mes de agosto la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un contundente documento radiografiando el impresionante deterioro de la situación general de Haití, cuya evolución es hacia un agravamiento sin visos de definir un camino apropiado para su solución. Es decir, lo de Haití es un camino sin retorno.
En dicho documento, el organismo hemisférico fue de frente contra la llamada “comunidad internacional”, de la cual forma parte la propia OEA, cuyo campo de acción para encauzar a Haití hacia una normalización, es bastante cuestionable.
Sin embargo, la exposición de la OEA—que de entrada refleja un mea culpa—plantea una dramática realidad de la cual no debería sustraerse ningún actor importante de la arena internacional, sobre todo los que desde siempre han acumulado la mayor responsabilidad frente a un progresivo deterioro institucional, político, económico, social y moral del país que comparte con nosotros un territorio insular del que no podemos desprendernos.
Entre muchos de sus planteamientos quiero resaltar, de manera particular, los siguientes:
“Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se hayan implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional”.
Y sigue: “Esto tiene que ver con que, en 20 años de estrategia política errada, la comunidad internacional no fue capaz de facilitar la construcción de una sola institución con capacidad de responder a los problemas de los haitianos; 20 años después ni una sola institución es más fuerte de lo que lo era antes”.
Otro párrafo no menos dramático es el siguiente: “Bajo ese paraguas de la comunidad internacional fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo…”.
Es decir, que estamos en presencia de una admisión de culpa, aunque la redacción del documento pretende distanciar a la OEA de una realidad de la cual es parte esencial, si tomamos en cuenta el frenético laborantismo mantenido por su secretario general, Luis Almagro, fomentando la disociación interior en varios países latinoamericanos no afines con su pensamiento ni son colonias ideológicas de los Estados Unidos.
Tanto la OEA como otros actores de la “comunidad internacional” han pretendido que la solución haitiana está en la República Dominicana, dando la razón—aun sea inadvertidamente—a las élites de ese país, cuya lógica conduce a que los problemas de Haití han sido causados por nosotros.
Desconozco por qué el Gobierno no hizo suyo ese documento de la OEA y lo difundió de manera profusa, tanto en el país como a través de las embajadas, para fortalecer nuestra posición en defensa de la soberanía nacional.
Esa denuncia de la OEA nosotros deberíamos de verla como un grito que se aviene a la posición que ha reiterado el presidente Luis Abinader en diversos foros internacionales, respecto de la necesidad de que potencias específicas—Estados Unidos, Francia, Canadá—y otros actores importantes, como los organismos de financiamiento y ayudas, no le dejen a la República Dominicana la resolución de un problema que no creó, aunque los intelectuales y algunos políticos haitianos sostengan lo contrario.
JPM-AM

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