La corrupción con impunidad generadora de la inseguridad

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EL AUTOR es político, periodista y mayor general retirado de la Policía. Reside en Santo Domingo.

En RD, falta poco para que se colapse el Estado. «Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla». Demócrito

Un sistema de justicia eficiente, fuerte, independiente y ético es la solución a la problemática social de corrupción e inseguridad. La justicia es responsable de establecer régimen de consecuencia a los violadores de la ley e igualmente garantizar los derechos y libertades de toda la población.

Mientras exista la irresponsabilidad en los principales actores que están al frente de las diferentes instituciones de nuestro sistema de justicia, se abre el mayor estímulo y promoción a la corrupción y la impunidad, lo que pone en riesgo cada vez más nuestra débil institucionalidad democrática. Sin justicia no hay lugar para la democracia ni es posible garantizar nuestra condición constitucional de “Estado social y democrático de derecho”.

En estos momentos se debate el deterioro de la justicia, del Ministerio Público y la Policía Nacional, que se agrava con la exclusión y la renuncia de los más preparados y honestos de la mayoría de los defensores públicos, fiscales y numerosos jueces por la injerencia y abuso de poder aumentando la politización al partidismo de gobierno de las altas cortes en el último y vergonzoso encuentro del Consejo Nacional de la Magistratura; además, de los bajos salarios y el derrotero ético, que se empeora con las promociones y los ascensos sin tomarse en cuenta el escalafón, ni los méritos profesionales y el desempeño laboral; prevaleciendo sólo las prácticas corruptas, la enllavadura y el cabildeo político, lo que pone entre dicho el sistema judicial dominicano y su futuro.

Así mismo esta situación dificulta el trabajo de la Policía frente al crimen y la inseguridad como parte del sistema de justicia y actor de fuerza de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Como ejemplo está el lamentable caso de exclusión de la Suprema Corte de la ex magistrada Mirian Germán y lo que viene pasando hace varias décadas según denunciara el abogado Anselmo Muñiz, vocero de la Red Acción Política (RAP), “Que las carreras truncadas corresponde a magistrados de alto prestigio, experiencia y que eran identificados como personas con criterio independiente, dado que solo son ascendidos quienes merezcan la confianza de Mariano Germán y de Leonel Fernández”; hoy léase: Luis Henry Molina y Danilo Medida.

Sumado a este derrotero de nuestro sistema de justicia explota un nuevo caso de la industria del sicariato que en un supuesto error resultó en la tragedia del intento de asesinato con herida grave de bala a la estrella del beisbol de grandes ligas David Ortiz (Big Papi), siendo el aparente objetivo de pago para matar a un tal David Fernández.

La cultura de que un escándalo tapa otro escándalo tiene que desaparecer, tal son los casos que tocan a personalidades de renombre y poder se convierte en una obra de teatro o película de Hollywood con shows mediático, desinformación o manipulación de los hechos reales, lo que aumenta cada vez más la desconfianza en las autoridades y desprestigio del sistema de justicia y sus actores.

El Estado dominicano está viviendo la peor crisis institucional. La justicia opera en favor de particulares y grupos de poder; igual pasa con el congreso, el poder ejecutivo y los poderes fácticos. Se han unido en una gran organización mafiosa que contamina y controla todo.

Esta situación consecuentemente aumenta la conflictividad social, amenaza a la seguridad jurídica y al Estado en su conjunto de instituciones; no pudiéndose enfrentar y solucionar sin una justicia independiente y proba con apego a la ley; que penosamente está muy lejos de alcanzarse.

Cuando se ausentan o se corrompen la justicia y la ley el mal gobierna, reina el crimen y colapsa la institucionalidad. A razón República Dominicana vive la peor crisis institucional sin esperanza de acabar. En tales circunstancias es difícil avanzar, medrar y mucho menos competir con sociedades de vanguardia.

La corrupción con impunidad es nuestro principal mal y la peor traición a la patria. La Constitución y las leyes deben ser el fundamento de una sociedad organizada y del Estado de derecho de una verdadera democracia con libertades e igualdad para todos; también debe ser la guía para la política y la conducción de los destinos del Estado.

Hoy nuestro políticos mal asesorados, por ignorancia o por ambiciones corruptas tienen el interés de dispersar y desvirtuar la función o los roles públicos de las instituciones dominicanas. Todo esto nos presenta el peor escenario jamás visto en la historia dominicana y la más eminente amenaza de destrucción de nuestra institucionalidad.

Los numerales 11 y 12 del artículo 75 de nuestra Constitución mandan:-“Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano».-«Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

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