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La autoridad gubernamental y el 911
Hay exponentes de la política -Temistocles Montás entre ellos- que insisten en que “la República Dominicana requiere de un Estado cada vez más fuerte”, que no es más que un eufemismo para decir que es preciso aumentar la presión tributaria. Aducen que con esa fortaleza, expresada en términos de mayores recursos, el Estado estaría en capacidad de construir más carreteras, hospitales, escuelas, puentes, presas, y otras infraestructuras de carácter público. Igualmente, que así incrementaría su capacidad de ofrecer los servicios públicos de manera más eficientes. Sin embargo, lo que hace falta en este país es que las autoridades pongan en cintura a los sectores que se aprovechan del desorden y de la falta de autoridad prevalentes para imponer sus negocios inicuos. Por ejemplo, representantes de clínicas privadas, proclaman a voz en cuello que esos establecimientos se niegan a participar del flamante Servicio Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el 9-1-1. Señalan que como prestadores privados de servicios de salud se limitarán a los que les consigna la Ley, la obligación de solo estabilizar los pacientes que reciben, quienes si no cuentan con seguros médicos o recursos para afrontar los gastos de intervenciones o internamientos, “serán despachados hacia los hospitales públicos”. Llama la atención que un sector “regulado” se envalentone, e intente deslucir la puesta en marcha de uno de los programas fundamentales del Gobierno, que es en verdad a quien corresponde asignarles a las clínicas el rol a jugar dentro de un aspecto como la Salud, que mas que servicio es un derecho. Salud Pública, organismo llamado a ser rector del Sistema, debería responder con una directriz de inspección a todas las clínicas, laboratorios y centros de diagnósticos e imágenes médicas, que proliferan en todo el territorio nacional, en su mayoría, sin cumplir los requisitos y normas mínimos para garantizar calidad en la atención. Cierto que en el país funcionan muchos centros privados de salud de avanzada, dotados de los más altos estándares de calidad, pero una gran cantidad solo llegan al estatus de “clinicuchas”, y no me refiero a la ausencia de lujos y de relumbrón, sino a instalaciones y criterios de atención. Recuerdo el caso del reputado cardiólogo y profesor universitario Nelson Astacio, quien era cardiópata, y mientras caminaba por la parte alta de la ciudad sintió que le sobrevenía una crisis, fue conducido a una clínica, donde de inmediato impartió instrucciones al médico de turno, pero quien resultó ser un practicante, lamentablemente inexperto para manejar infartos. Astacio, mientras mantuvo conciencia trataba de orientar al bisoño colega sobre los procedimientos para tratarle, pero luego se desmayó. Para colmo, esa clinicuchas nunca cuentas con unidades de resucitación cardiopulmonar, incluyendo desfibriladores y otros equipos imprescindibles. En verdad, si el 911 arranca como debe ser, las ambulancias serán en sí mismas unidades médicas dispuestas con los recursos y el personal hábil para estabilizar y manejar pacientes en estado de gravedad por accidentes isquémicos, traumas, o de otra índole. Bajo esas condiciones, desaparecerá incluso la necesidad de que las ambulancias transiten a velocidad exorbitante, al menos después de recoger al paciente, que deberá ser en un lapso de no más de 15 minutos después de recibir la llamada de auxilio al 911, si los vehículos se disponen de manera estratégica. Una vez estabilizado el paciente, la unidad de Emergencias del 911 estará en disposición de dejarle en un centro médico general o especializado, público o privado, según sea la necesidad. De modo, que el Gobierno debería actuar con la autoridad que le corresponde, y simplemente certificar cuales son las prestadoras de salud del sector privado en capacidad de acogerse al nuevo Sistema 911 junto a la Red Hospitalaria Pública.