Judicialización de la política

La judicialización de la política, en ingles Lawfare es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un adversario político tanto oficialista como de la oposición según sea el interés, el contexto y los objetivos explícitos o implícitos de la guerra judicial.

Esto se hace manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación, lo que tiene una estrecha relación con los llamados golpes blandos, caracterizados por promover acciones no violentas para generar y promocional un clima de malestar en la sociedad, destacando las denuncias de corrupción, las intrigas y la promoción de falsos rumores.                      

El termino  Lawfare se generalizó en la primera década del siglo XXI y figura en el diccionario de lengua inglesa de la universidad de Oxford, se trata de una contracción gramatical de las palabras inglesas law (ley) y Warfare (guerra), el lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros).

Sus principales características son el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes,persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos.

En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas en su gran mayoría contra varias decenas de líderes o exfuncionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes políticos en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela etc.  vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance el modelo neoliberal.

Como ejemplo de esto tenemos la embestida legal contra la hoy vicepresidenta Argentina Cristina Fernández de Kirchner, los expresidentes brasileños Lula Da Silva y Dilma Rousseff, el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas del Ecuador y otros dirigentes políticos latinoamericanos victimas de la judicialización de la política en América Latina:

Indudablemente que tal como lo dice el documento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del año 2003, “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho da pie a violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

La corrupción es un fenómeno político, social y económico de carácter mundial y en nuestro país los primeros actos de corrupción se remontan al período de la Conquista y Colonización del “nuevo mundo”. Atravesando por toda nuestra historia colonial, hasta llegar a los tiempos actuales de la República, este flagelo ha formado parte intrínseca de nuestro diario vivir, la “cultura de la corrupción” ha estado arraigada en nuestro país desde su origen, manteniéndose y fortaleciéndose con el transcurso del tiempo.

El flagelo de la Corrupción, históricamente, ha carcomido las esperanzas de progreso y desarrollo sostenido del pueblo dominicano, por lo que la lucha contra los funcionarios del sector público y privado debe estar dirigida a la aplicación de un régimen de consecuencias, que no permita la impunidad ni el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen publica e inhabilitación de un adversario político.

Llevar adelante todas las investigaciones que se tengan que hacer, sin cometer abusos de poder, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, esas deben ser las normas de las autoridades judiciales de modo que sus acciones legales respaldadas por una amplia cobertura de prensa no distorsionen los procesos, presionando al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones. Logrando que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

Hay que evitar caer en la judicialización de la política lo que significaría la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra: elegido un sector, por ejemplo, político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos.

La judicialización de la política o Lawfare en América Latina es bien clara y pasa por varios aspectos, por ejemplo, el timing político lo que implica que el caso judicial utilizado como un arma se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados, la reorganización del aparato judicial con personas vinculadas al poder de turno, para atacar al adversario político

Además, el doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros y medios de comunicación masivos y concentrados: operando como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizando otros.

Las políticas de odio, rencor y perversidad no conducen a una sociedad al orden, la estabilidad, el bien común, ni mucho menos a la unidad interna y en medio de una crisis sanitaria como la que padecemos, que ha profundizado la crisis económica y social, el país no debe darse el lujo de profundizar sus contradicciones políticas en momentos en que lo que necesitamos es la unidad de todas las fuerzas de la sociedad.

En un Estado social y democrático de derecho, se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, ya que son una garantía de los derechos de las personas y de su dignidad humana y constituyen una protección de los intereses fundamentales de la sociedad.