JCE garante de la democracia

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El autor es catedrático universitario. Reside en Santo Domingo

La República Dominicana en el ámbito nacional y ultramar, estrena dos leyes que había esperado por más de dos décadas, planteándose grandes expectativas de mejoría de la actividad política y de los procesos electorales: Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 de Régimen Electoral.

La democracia dominicana sigue en construcción, relativamente estable, de buena legitimidad desde 1996 hasta contexto actual 2019-2020.

Lo inédito de la suspensión de las elecciones municipales del domingo 16 de febrero del presente año 2020 por fallas e irregularidades en la organización e implementación del voto automatizado, después de un mandato constitucional desde el 2010, una década para organizar elecciones municipales separadas y con voto preferencial de regidores/as, la JCE desconcierta a la población, frente a tanto dinero dispuesto en el presupuesto público, que sale del trabajo e impuesto del pueblo dominicano.

Apoyamos y participamos de la importante expresión cívica y social de la plaza de la bandera, el pueblo dominicano sigue con ansias de transparencia y sanciones a quienes provocaron un hecho infausto que afectó y debilitó el sistema democrático institucional, que a partir de las informaciones financieras publicadas, el país perdió alrededor de 10 mil millones de pesos.

Muy positivo que hemos transcurrido en paz y civilidad. El sistema político dominicano se ha revitalizado y va en tangible proceso de cambio. Continuemos con responsabilidad, empoderamiento y en total aplicación de la Constitución Dominicana, las nuevas normativas electorales 15-19 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que disponen una profunda reingeniería en el sistema electoral dominicano, con importantes avances y falencias que debemos superar de forma progresiva.

La pandemia del COVID-19 que afecta al mundo, los necesarios estados de emergencia, toques de queda, en principio total y ahora parcial en la reactivación de la mayoría de las actividades, frente al pánico generalizado, la JCE y los partidos políticos avanzaron en las elecciones presidenciales y congresuales, resultando una necesaria y positiva renovación de la gerencia de las instituciones del país.

La JCE presentó agudas falencias en las funciones de control y supervisión de los actores políticos, sobre todo, coincido con Participación Ciudadana que en su informe del 2 de agosto plantea que la “JCE perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera  contención del desbordado abuso del poder, función que le otorgan la Constitución y las leyes”.

Los delitos electorales siguen cubiertos por el manto de la impunidad. No se actuó a tiempo para poner en funcionamiento la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, creada por la Ley 15-19 de Régimen Electoral.

Más bien, hubo claras actuaciones del Procurador General de la República para boicotearla y, cuando al final se designó a la Magistrada Gisela Cueto, luego de gran presión de la sociedad civil, no se asignaron los recursos ni los medios para que cumpliera con su función.

Una vez más, se produjeron algunos actos de violencia y esperamos que los responsables materiales e intelectuales de la muerte del activista del PRM y servidor en el Club de los Profesores de la UASD Sr. Julio César Pérez, reciban contundente condena. Las elecciones presidenciales y congresuales constituyeron una clara derrota del clientelismo, malas prácticas que deben ser superadas.

Somos parte del potente arcoíris de sectores, organizaciones e instituciones que abogamos por mejoras integrales en la JCE, cultura política electoral y en las normativas.

Entre diversos aspectos a reformar, es necesario revisar el método de selección de los escaños para diputados/as, el método D’Hondt amerita una evaluación y discusión en la búsqueda de mayor equidad democrática.

Desterremos la dañina cultura de impunidad en los delitos electorales. Comparto que la JCE debe tomar la iniciativa de recopilar todos aquellos casos en los que existan pruebas y tramitar una solicitud a la procuraduría especializada en estos delitos para que proceda a su investigación y procesamiento judicial.

La bochornosa impunidad en materia electoral es tal que una persona confiesa haber alterado las actas en favor de su madre candidata, existen videos al respecto, y la persona luego de ser detenida, fue despachada sin consecuencias. Importante que todos y todas aportemos al fortalecimiento institucional de la JCE, para más democracia, transparencia, credibilidad, adecentamiento, eficacia gerencial de los procesos electorales y del estado civil, valores éticos y morales en el ámbito nacional y en ultramar, contribuyendo siempre a un país mejor.

Aportemos al desarrollo y bienestar de la sociedad, la democracia y las instituciones de nuestra amada Patria Dominicana.

JPM

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