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Investigación en Panamá sobre las obras de Odebrecht
La Contraloría General de Panamá acaba de hacer un importante aporte al esclarecimiento de los sistemas fraudulentos utilizados por Odebrecht en complicidad con los gobernantes de los países de la región para obtener ganancias ilícitas.
El órgano oficial panameño informó que cinco proyectos ejecutados por Odebrecht y adjudicados en 2011 en el gobierno de Ricardo Martinelli fueron sobrevalorados en 318.4 millones de dólares. Los proyectos deberían haber costado 1,412.5 millones de dólares en vez de los 1,730.9 millones de dólares que se pagó por ellos.
La Contraloría del país istmeño reveló el método utilizado para producir el fraude al informar que las obras «nacieron con sobreprecios desde su origen en el Ministerio de Obras Públicas».
A partir de estos datos se calcula con facilidad que, en Panamá, en el caso de estas cinco obras, la sobrevaluación representó el 22.54% del costo real estimado.
Si se aplica el porcentaje de sobreevaluación que se practicó en Panamá al proyecto de Punta Catalina el sobrecosto de éste sería de unos 360 millones de dólares. Según este cálculo el costo real estimado de Punta Catalina sería de unos 1,600 millones de dólares cuando el precio contratado ronda los dos mil millones de dólares.
No obstante, se debe ser cuidadoso con estas cifras ya que la sobrevaluación de Punta Catalina podría estar muy por encima de esta suma.
En efecto, las informaciones de las que se dispone hasta el presente indican que los montos de sobrevaluación de las obras de Odebrecht en República Dominicana han sido superiores a las de otros países de la región.
La confirmación de los mecanismos ilícitos usados por Odebrecht de parte de la Contraloría de Panamá reafirman la pertinencia de la exigencia de que todas las obras de Odebrecht en la República Dominicana sean debidamente auditadas por instituciones u organismos por encima de toda sospecha, a fin de poder establecer los alcances reales de la defraudación producida.
Esta exigencia asume más fuerza a la luz de las acciones desarrolladas por el gobierno dominicano encaminadas a encubrir el caso y exonerar de responsabilidades a la empresa brasileña y a sus socios locales más conspicuos ubicados en las más altas responsabilidades públicas, comenzando por el presidente de la República.
Debe ser motivo particular de rechazo la pretensión de la Contraloría General de la República de querer asociar a la investigación a personajes brasileños señalados como implicados en los casos de corrupción que sacuden la nación sudamericana.
JPM
