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Tan fácil que es resolver el tema de la inmigración ilegal. Basta con modificar las leyes de migración, alquiler y trabajo, y aplicar las siguientes sanciones:
1. Multar con un millón de pesos a toda persona física o jurídica que le rente un inmueble a cualquier ilegal.
2. Multar con un millón de pesos a toda persona física o jurídica que contrate a cualquier extranjero ilegal.
3. Multar con un millón de pesos a toda persona física que se dedique a trabajar de manera independiente sin tener un permiso de trabajo que la autorice a hacerlo.
¿Quiénes son los que se oponen a que se establezcan y se cumplan esas multas? Los empresarios que se benefician de esa mano de obra barata e ilegal. Y por supuesto, los políticos que tradicionalmente se benefician de recibir financiamientos privados para sus campañas electorales, precisamente de los empresarios esclavistas y explotadores que se oponen.
¿Qué eso tendría consecuencias económicas inmediatas para nuestro país? Claro (No está en discusión)! Pero República Dominicana se enfrentó en el 2020 a la Pandemia del Covid-19 y no colapsó!
Con las élites empresariales oponiéndose para mantener su alta tasa de rentabilidad a base de esa mano de obra ilegal y barata, y unas élites políticas que controlan las manadas de borregos que hoy coexisten en el Congreso Nacional, legisladores sin autonomía en su voluntad, difícilmente veremos esas sanciones aprobarse y aplicarse, porque nadie afila cuchillos para su propia garganta.
