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Al enterarme de que el Poder Ejecutivo había sometido al Congreso un proyecto de Ley para regular la libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales en RD, sentí cierta satisfacción al pensar que con esa pieza estaríamos dando pasos firmes en la consolidación del derecho que tiene toda persona a “expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”, conforme lo establece la Constitución de la República.
En la medida que le daba lectura a dicho proyecto, en esa misma medida se iba diluyendo en mí la esperanza de que pudiéramos contar con un mecanismo idóneo, transparente e imparcial que pudiera garantizar mínimamente el sagrado derecho a expresarse libremente, y sin ataduras, que tenemos los dominicanos.
Varios elementos pudieran sustentar esa impresión nuestra, pero, la que entendemos de mayor relevancia lo es la composición que prevé el proyecto respecto al Consejo Directivo que integrará el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Dicha propuesta establece en su artículo 38 que “el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) estará integrado por cinco (5) miembros designados por el Senado de la República, de ternas de candidatos presentadas por el Presidente de la República…”.
Evidentemente, que con ese planteamiento estaríamos ante un organismo dependiendo, casi directamente, del Presidente de la República, quien, con el más alto nivel de discrecionalidad, podrá preseleccionar, entre sus más cercanos allegados y colaboradores, quiénes podrían formar parte de dicho Consejo Directivo, incluso, de la Presidencia del mismo.
Uno de los cuestionamientos que siempre se le ha hecho a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, ha sido, precisamente, la integración de dicha Comisión por igual cantidad de miembros (5), nombrados, igualmente, por el Poder Ejecutivo, sin ninguna representación de entidades privadas que guarden vínculos con la temática de que trata.
No nos oponemos a que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, esté debidamente representado en el Consejo Directivo del INACOM, pero debe de garantizarse ahí una representación también de la sociedad civil, las empresas de radiofonías, los sindicatos, los influencers, en fin, de todo aquel que, de una u otra forma, inciden en la producción de contenidos informativos, educativos, de entretenimiento, o de cualesquiera otras índoles.
Con una debida conformación de dicho Consejo Directivo, donde prime el equilibrio, la imparcialidad, la igualdad, la inclusión y la transparencia, estaríamos dando el primer paso para garantizar a la población una efectiva regulación de la libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales en nuestro país, fuera de todo tipo de especulación, dudas, apasionamientos, y, sobre todo, al margen de todo tipo de politiquería.
jpm-am