Por coincidencia o providencia, mi hija Karol Albania me regaló de cumpleaños una bella edición del libro premonitorio “1984”, de George Orwell, justo cuando leía el texto del proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, por lo que no pude evadir aquello de que “el hermano mayor vela por ti” o el oculto temor a la “Policía del Pensamiento”.
Esa iniciativa recoge el conjunto de derechos, deberes y obligaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, expuestos en la Constitución de la República y estatutos adjetivos como la ley 6132, Código Penal, Reglamento de Espectáculos Públicos y Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras leyes.
En ese proyecto, la Internet se convierte en un escenario donde se recrea libro que me regaló mi hija, por el temor de que alguna vez se inste periodistas y comunicadores a negar las evidencias de sus ojos y oídos, bajo el pretexto de que “la libertad de prensa se limita a poder decir que dos y dos son cuatro” y que lo demás se deduce.

Me preocupa el uso excesivo de la acepción “regulación”, como sinónimo de limitación o condicionamiento, así como palabras etéreas a las que se les confiere la jerarquía de disposición jurídica, como la orden de redactar textos “de manera clara, precisa, inteligible y accesible…”
Es mucho el espacio que los redactores de ese proyecto han dejado a la consideración o interpretación del órgano regulador, que abarca incluso la forma de escribir, lo que se dice o se deja de decir en término de ampliación o condensación de un mensaje.
Fortaleza
La fortaleza de esta propuesta de ley radica en que recoge todos los activos jurídicos dispersos en el Texto Sustantivo y en diferentes códigos, leyes y reglamentos, relacionados con la libertad de prensa, de expresión, acceso a fuentes noticiosas, derecho a la información, protección a la niñez y tutela de la buena fama.
El peligro mayor lo representa el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), “el órgano regulador”, que sería una entidad estatal descentralizada, con “autonomía funcional, financiera y administrativa”, adscrita al Ministerio de Cultura, que promovería el derecho a la libertad de expresión e información.
No se conoce en el país ninguna institución u órgano regulador, por autónomo que sea, que no responda al Poder de un jefe de Estado, Partido o Congreso que en un momento determinado ostente control del aparato estatal, por lo que ese instituto podría ser el “Ministerio del Pensamiento” o el Hermano Mayor que a todos nos vigila, descritos en la novela de Orwell.
jpm-am

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