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No es difícil entender y comprender que un hogar, un negocio, un gobierno nacional o local cuando aumentan sus gastos y necesidades de crecimiento para financiarlos requieren aumentar sus ingresos o recurrir al endeudamiento o apalancamiento operativo, financiero o total.
Una alternativa o la otra, se aumentan los ingresos a través de más trabajo, más productividad, más volumen de ventas o incremento de precios en el caso de los hogares y las empresas privadas o, se aumentan los préstamos cuyo costo de capital o gastos financieros pueden ser onerosos o insostenibles.
En el caso de un gobierno nacional o local, los ingresos provienen mediante impuestos, donaciones, transferencias o endeudamiento.
Lo anterior para mejorar las condiciones de vida a través del aumento de los ingresos y la otra alternativa disminuir los gastos con la consecuencia de afectar el estilo de vida holgado o en última instancia recurrir a los flujos positivos a través de dinero fresco que proporcionan los préstamos con la consecuencia aumento de la carga financiera.
No es secreto que financiarse a través préstamos muchas veces implica aumentar los precios para mejorar los ingresos y así poder honrar los reembolsos de dichos compromisos en una empresa privada o, aumentar los impuestos en el caso de los gobiernos.
De una u otra forma, aumentar los ingresos implica que se debe pagar el costo de aumento de precios o pagar más intereses.
Para disminuir los déficits fiscales o faltante de dinero de un gobierno, se piensa en aumentar los ingresos a través de impuestos o préstamos o sacrificar los gastos corrientes o de capital (inversiones a largo plazo).
Ambas decisiones de financiar los déficits fiscales son odiosas, ya que implica pedir a la población sacrificio para que contribuyan con más impuestos a favor del Estado, mediante el pago de más impuestos y aranceles o bajar el gasto social o de capital.
En el año fiscal que recién finalizó en septiembre 2024, los Estados Unidos de Norteamérica pagaron, conforme informa el Departamento del Tesoro, US$882,000 millones de intereses netos, de una deuda pública que asciende a 27,7 billones de dólares, muy cerca del 100% del PIB, un promedio de unos US$2,400 millones diario en intereses de deuda, superando ya el gasto militar.
Este costo promedio ponderado equivale al 3.6% del PIB estadounidense, el porcentaje más alto desde 1996.
Sus déficits presupuestarios históricamente elevados, que han disparado el saldo vigente de la deuda estadounidense en los últimos años, han sido el resultado del aumento constante del gasto en Seguridad Social y Medicare, así como el gasto extraordinario que Estados Unidos realizó para luchar contra el Covid y las limitaciones de ingresos derivadas de los amplios recortes fiscales de 2017 y el aumento de las tasas de interés impulsado por la inflación.
El gasto en intereses también corre el riesgo de lastrar el crecimiento económico al desplazar la inversión privada. Los intereses aumentan la deuda trayendo problemas a la economía.
En RD
En República Dominicana, la deuda pública consolidada ronda los US$73,664.2 millones, equivalente al 60% del Producto Interno Bruto, con un costo de intereses del orden de los RD$263,753.1 millones por concepto de la deuda del sector público no financiero (SPNF), a los fines de financiar los déficits fiscales que en promedio oscilan en 3.1% del PIB de los dos últimos dos años.
Recientemente, el Gobierno Dominicano depositó en el Congreso Nacional el Anteproyecto de Modernización Fiscal, con el propósito de aumentar los ingresos tributarios en unos RD$122,486.6 millones equivalente al 1.5% del PIB.
Anteproyecto que fue retirado del Congreso Nacional, debido al alto rechazo que recibió de parte de sectores de la sociedad civil, productores, comerciantes y público en general, estropeando los planes fiscales y gastos del Gobierno, para los próximos cuatro años.
Es lamentable que el presidente de la nación dominicana haya tenido que retirar dicho Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal la noche del pasado sábado 19 de los corrientes, ya que él mismo tenía miras de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos de a pie, llevarles mejores servicios de educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, entre otras necesidades a favor de los más vulnerables del país.
La próxima
La próxima propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal debería propiciar un aumento de impuestos a los dominicanos más ricos y a las empresas, dejando a un lado a los más necesitados.
De no aplicarse la modernización fiscal, el país tendrá que mirarse más temprano que tarde en el mismo espejo de naciones con un alto endeudamiento, que le llevará a la miseria y al caos, al hambre, desigualdad social y económica, alto costo de la vida, crisis de viviendas, problemas de salubridad, inseguridad alimentaria, crisis energética, crisis de agua, entre otros problemas.
Los dominicanos están compelidos a ponerse de acuerdo en los próximos meses para presentar un Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal que permita superar los acostumbrados déficits fiscales, que obligan a los gobiernos aumentar la deuda del país la cual cada día se hace insostenible. Por ello los dominicanos han de escoger entre impuestos o préstamos estos últimos que erosionan las finanzas públicas. La consigna ahora es volver a la mesa del diálogo, pues el país está entre la espada y la pared.
Es bueno preguntarse ¿qué República Dominicana es la que los dominicanos desean tener? Aunque sus líderes políticos son los que tienen que trazar el camino a seguir educando y sensibilizando a sus gobernados.
felix.felixsantana.
jpm-am