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La vida política de la República Dominicana entra desde este momento en un proceso de cuenta regresiva hacia la organización y celebración de la consulta electoral programada para el próximo 20 de mayo del 2020.
Los árbitros y jugadores que están previstos participar en el referido torneo comicial, a pesar de estar conscientes de las implicaciones y responsabilidades cívicas que la misma entraña, se vienen comportando de manera inmadura e infantil.
Por un lado, la mayoría de los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral se les explica desde el ente regulador cuales son las reglas de juego y la mayoría de estos siguen haciendo de manera camuflajeada actividades violatorias a esas reglamentaciones.
Por otro lado, vemos a una Junta Central Electoral que hace algunos esfuerzos por conminar a esos actores políticos a respetar lo establecido en las legislaciones recientemente aprobadas, en cambio, lo que se verifica es poco cumplimiento.
Es inaceptable, por ejemplo, que sigan violentando disposiciones emanadas de la JCE que establecen que el periodo para la precampaña electoral deberá comenzar el 7 de julio de 2019.
Resulta inconcebible, que la promulgación de la ley no haya detenido los actos proselitistas y que los distintos aspirantes a ser precandidatos anuncien por televisión nacional, sin ningún prurito, que recorrerán el país en busca de los votos que necesitan.
Así de esta marea no podemos llegar a las elecciones del 2020, insistir en ese conducta seria someter al país a un jueguito peligroso, no estamos hablado de una elecciones de una Junta de Vecinos o un gremio profesional, de lo que se trata es de una disputa por el poder político.
El liderazgo político nacional en cuanto a lo relativo al tema, no sé si por inmadurez o conveniencia, viene exhibiendo un comportamiento político infantil ante una situación que amerita seriedad y tacto.
Lo que se espera es que la JCE no se demore mucho más en llamar al orden, aplicando si fuere necesario las sanciones que dispone la ley. Más nada.