Haití se resiente con una fuerte crisis sistémica

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Por Anelí Ruiz García

PUERTO PRINCIOPE (Prensa Latina).- Septiembre concluyó en Haití como un coctel molotov a punto de estallar, de ira, desesperanza y lucha tras casi cinco semanas de crisis del combustible, a las que se sumaron otras tres de intensas protestas antigubernamentales.

El estallido social que en julio de 2018 comenzó a resentir los cimientos de un sistema profundamente impopular y desigual, se agudizó a mediados de este año, con cientos de miles de haitianos que reiteradamente salen a las calles.

Entre sus demandas figura la renuncia del presiente Jovenel Moïse, que aseguran simboliza un sistema neocolonial y neoliberal, que mantiene los índices de desarrollo socioeconómico más bajos de la región.

«La gente coincide con algunas consignas, pero manifiesta su indignación y rechazo a un sistema, no solamente a un presidente», dijo a Prensa Latina Camille Chalmers, veterano luchador de los movimientos sociales en Haití.

El también académico y economista señaló que actualmente la nación caribeña vive una crisis muy profunda, económica, política, energética, caracterizada por una lucha entre casi todo el pueblo y un gobierno y una pequeña oligarquía apoyados por el gobierno norteamericano, «que han demostrado su incapacidad para gobernar el país».

PROTESTAS ANTIGUBERNAMENTALES

Haití inició su cuarta semana consecutiva de fuertes protestas antigubernamentales, que vuelve a llamar la atención de las grandes cadenas de noticias.

Desde el 16 de septiembre se paralizaron las principales actividades económicas, educativas, servicios de salud, administración pública, transportación, comercio y otras, mientras se radicalizaba la lucha de sectores opositores contra el poder imperante.

«Es vital para el pueblo haitiano ganar esta lucha contra Jovenel Moïse, contra el (gobernante) Partido Haitiano Tÿt Kale (PHTK), contra el imperialismo para poder entrar en un proceso de construcción nacional que realice las reivindicaciones centrales del pueblo», precisó Chalmers.

Según la Policía Nacional, al menos cinco personas fallecieron y otra treintena resultó herida durante las protestas de septiembre último. Dos muertos se registraron en el departamento Oeste, y otras tres en el Noreste, Sur y Noroeste.

Sin embargo, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití denunció la muerte de unas 17 personas y 189 heridos en las manifestaciones que casi a diario sacuden al país.

Entre los fallecidos figuran dos menores de edad, uno por asfixia, y una estudiante atropellada por un vehículo en Saint Marc, comuna situada a unos 99 kilómetros al noroeste de Puerto Príncipe.

El detonante de esta nueva oleada de protestas fue la escasez de combustible que experimenta el país desde mediados de agosto, luego que el Gobierno no pudo cumplir sus compromisos con compañías petroleras que suministran el rubro.

Un supuesto aumento de los precios del diésel en el mercado informal, sugerido por el gobierno, que mantiene los carburantes subsidiados, encendió más la mecha de millones de haitianos que cargan además con un notable incremento de los precios de la canasta básica, depreciación de la moneda nacional, disminución del poder adquisitivo y un desempleo que supera al 70 por ciento de la población.

Sobre el fondo de esta crisis económica hay también una enorme crisis política e institucional, advirtió Lautaro Rivara, sociólogo y miembro de la brigada Dessalines de Solidaridad con Haití.

El también militante de la izquierda argentina señaló que la clase política haitiana está «completamente deslegitimada porque es un gobierno que nace viciado en origen con elecciones fraudulentas en el año 2015, que fueron repetidas y nuevamente fraudulentas en el año 2016, llevando al poder al PHTK».

Para las fuerzas progresistas, aunque la crisis de Haití no es nueva, se agudizó en los años recientes con la continua aplicación de políticas neoliberales y dictámenes del Fondo Monetario Internacional.

Pesan también los desastres naturales que en la última década impactaron el país, como el mortífero terremoto de 2010 que segó más de 200 mil vidas y destruyó prácticamente la infraestructura de la capital; además de los huracanes y sequías, que dificultan la recuperación en la pequeña nación.

PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El pasado 4 de octubre, miles de haitianos desfilaron frente al cuartel general de la Misión de Naciones Unidas en Apoyo a la Justicia (Minjusth) para pedir que la comunidad internacional retire su apoyo al presidente Jovenel Moïse, luego que el polémico Core Group reiterara su convocatoria a diálogo y negociaciones pacíficas.

Los integrantes del citado grupo, que aglutina a representantes de la ONU, la OEA y embajadores de varios países, sostuvieron encuentros con líderes políticos del gobierno y la oposición, en aras de solucionar la intensificación de la movilización.

Sin embargo, esta postura fue ampliamente criticada por personalidades, sectores opositores y organizaciones sociales, además de miles de haitianos en las calles.

«El Core Grup que es un instrumento colonial dirigido por Estados Unidos, que se ha mantenido aliado a las fuerzas reaccionarias y retrógradas de este país», aseguró Chalmers.

Añadió que la estructura, creada junto a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad (2004-2017), «se ha manifestado otra vez apoyando a Jovenel Moïse y contra el pueblo de Haití», en rechazo total a la voluntad colectiva.

También una veintena de intelectuales haitianos afirmaron que no existe reconciliación posible entre el Gobierno y el pueblo, y subrayaron en una carta pública que el único apoyo para el poder «provendría de poderosas embajadas extranjeras».

Pero, según analistas, el sostén norteamericano de Moïse, que en Haití pierde cada vez más aliados, responde al papel del gobierno caribeño en la cruzada impulsada por Washington contra Venezuela, y a la que Haití se sumó en el último año.

Después de formar parte del programa energético de Caracas, que benefició al país con bajos precios de petróleo y menores tasas de interés, Haití reconoció en la OEA al autoproclamado presidente Juan Guaidó, y recientemente se adhirió a la firma del denominado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra la soberanía y el pueblo venezolano.

«Dentro de esta misma dimensión política el ministro de Asuntos Extranjeros y Culto, Bocchit Edmond, ha devenido un insistente lobbysta de los llamados de guerra contra Venezuela, aunque sin éxito, en organismos regionales como la Comunidad del Caribe», aseguró Rivara.

Indicó, asimismo, el interés norteamericano en proyectos mineros en el norte de Haití, que también cuentan con capitales canadienses; la privatización de empresas estatales; el establecimiento de zonas francas: la apertura del mercado nacional para la importación de productos estadounidenses y dominicanos, entre otros negocios.

Y precisamente el rechazo al modelo de sometimiento alejado de los intereses de la mayoría, y alcanzar las reivindicaciones para el 60 por ciento de la población que vive bajo la línea de la pobreza, es lo que ha llevado a muchos a las calles.

«A nivel global hemos asistido a un crecimiento en términos de conciencia política donde la gente tiene una clara visión de que no podemos aceptar ese tipo de liderazgo tradicional», enfatizó Chalmers.

Para este grupo progresista y otros sectores opositores, es tiempo de derrotar el tipo de gobierno que ha imperado tras la dictadura de François y Jean Claude Duvalier (1986), aunque alertan que la transición debe velar porque el sistema de exclusión, corrupción y sumisión a grandes potencias, no se repita.

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