Haití pasa cinco meses sin Gobierno y la desesperanza continúa

Puerto Príncipe.- El ir y venir del Gobierno haitiano en los últimos cinco meses es digno de un guion cinematográfico, si no fuera tan crucial para una pequeña nación en crisis con altísimos índices de pobreza y descontento social.

Cuando en marzo pasado los diputados casi unánimemente despedían al primer ministro Jean Henry Céant por mala gestión, exacerbación de la crisis y discrepancias con el jefe de Estado Jovenel Moïse, podía preverse un largo periodo sin un ejecutivo legítimo, aunque no tanto.

Ya Moïse había permanecido dos meses sin jefe de Gobierno, cuando un aumento en los precios del combustible en julio de 2018, fue el detonante de un estallido social sin precedentes y precipitó la renuncia de Jack Guy Lafontant, que estaba siendo interpelado también por los diputados.

En poco más de cinco meses y con dos primeros ministros nombrados, el gabinete ministerial no ha podido validarse en el Parlamento, pese a la presión de Moïse y la abierta injerencia de Estados Unidos y sus socios de la comunidad internacional.

A Céant lo sucedió Jean Michel Lapin, un experimentado dirigente de la administración pública que fracasó tres veces en la Cámara Alta, sin poder presentar su declaración política. En un giro drástico e inesperado el jefe de Estado nombró a Fritz William Michel el 22 de julio pasado, y dos días después firmó el decreto presidencial designado un gabinete.

CAMBIOS EN UN GABINETE APRESURADO

Michel había apostado por la paridad y la juventud. Igual número de mujeres y hombres en el ejecutivo, todos con poca experiencia en la arena política, y por primera vez al frente de carteras.

Sin embargo, no tardaron en aparecer las irregularidades con títulos de propiedad y certificados de residencia en la documentación de algunos efectivos, además de deudas con el fisco que los designados saldaron poco antes de su nombramiento.

Hermano Exinor, presidente del comité de la Cámara de Diputados que analizó los archivos, criticó ante la prensa las vicisitudes para recibir un informe del Tribunal Superior de Cuentas, que permitiría conocer los titulares a cargo fondos públicos, así como la opinión de esta corte acerca de su gestión. que cumplirá los seis meses, el próximo 18 de septiembre, con la misma desesperanza.

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