Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Muere Bonnie Tyler, la icónica voz «Total Eclipse of the Heart»
EEUU asegura que Irán «no controla» el estrecho de Ormuz
Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU
R. Dominicana vence a Costa Rica y avanza Panam Voleibol
Presidente encabezará jornada de inauguraciones en Samaná
Piden activar el “Escudo de Las Américas” ante la crisis de Haití
México anuncia acciones por muerte connacionales en EEUU
Abinader designa tres nuevos representantes Consejo Cultura
PLD alerta alza importaciones perjudica a productores de RD
Dicen Cuba registra nuevos récords de represión política
Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas que afronta ahora la sociedad dominicana y el gran dolor de cabeza para el gobierno de turno, lo constituye el grave desorden que arropa al transporte urbano, tanto por las violaciones constantes a la Ley, como por la falta de autoridad.
La Ley 63-17, es clara, precisa y establece las normativas necesarias para un sistema de transporte equilibrado, organizado y digno, que opere como ocurre en las sociedades modernas o verdaderamente en vía de desarrollo.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección Nacional de Tránsito Terrestre (DIGESETT), no cumplen su rol, la Ley siempre será letra muerta, razón por la cual, los motoristas, organizados, en desorden, indocumentados y delincuentes que se valen de las motocicletas para cometer sus fechorías, pescarán cómodamente en río revuelto.
De igual manera, los scutters, triciclos y unidades electrónicas que se desplazan sin control ni respeto alguno, seguirán como chivos sin Ley violando todas las normativas ante la mirada indiferente de los agentes que solo dedican el tiempo a poner multas a los hombres y mujeres de trabajo que, generalmente cumplen con el mandato de la Ley.
Lo mismo que pasa con los indocumentados que los repatrian hoy con grandes gastos del gobierno por cumplir la ley, pero que al otro día regresan por la complicidad de empresarios desaprensivos, militares corruptos y políticos indiferentes, para quienes pesan más sus intereses que la soberanía y la sobrevivencia de la patria.
Las inversiones del gobierno en líneas del metro, corredores especiales, monorrieles, elevados, pasos a desnivel y teleféricos, entre otras modalidades, nunca serán suficientes para que el país pueda contar con un sistema de transporte que dignifique, que garantice la inversión, el turismo y el desarrollo que en poco tiempo ha exhibido la nación, si esto no se corrige.
Mano fuerte sin temores, decisión de la autoridad coercitiva y ejecutoria de los funcionarios escogidos o designados para ejecutar la Ley, es lo que precisa o de lo contrario, seremos irremediablemente solo un pueblo de salvajes. Es tiempo de apretar el mango, usar la macana y aplicar la justicia, para propiciar una sociedad vivible y una convivencia social equilibrada. ¡Basta ya!
