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SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, solicitó a cualquier ciudadano que sea víctima de una intervención telefónica de manera ilegal, apoderar al órgano regulador para dar una respuesta legal al problema.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, advirtió que todo ciudadano que incurre en una intervención telefónica de llamadas se hace pasible de sometimiento a la justicia.
“Quiero pedir a cualquier dominicano o dominicana que tenga información al respecto, que nos apodere en Indotel, que vamos a proceder”, significó.
Sin embargo, garantizó que Indotel va a actuar en cualquier tipo de acción que pueda determinar frente a personas que se dediquen a esa práctica, que califica como ilegal, malsana e irrespetuosa.
Gómez Mazara afirmó que la época en que se podía invadir la privacidad de los ciudadanos para instrumentalizar aspectos de la intimidad, “todo el mundo sabe que representa una categoría del pasado”, dijo.
Recalcó que todo el que ha incurrido en eso ha terminado en procesos en los tribunales del país.
“En la República Dominicana, de conformidad con el ordenamiento legal, sólo es posible la intervención telefónica mediante una decisión jurisdiccional, de un juez”, acotó.
En otro orden, Gómez Mazara reveló que el 36% de las víctimas de robos en el país es para despojarlas de su celular.
“Pero el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delitos se hacen con teléfonos robados y desde las cárceles, es decir, la ciudadanía de una forma u otra ha sido impactada por esa práctica”, adujo.
Indica que frente a esa realidad, la primera medida es instalar bloqueadores en las cárceles. Precisa que cuando la cárcel de las Parras esté instalada, cuando llegue marzo, tendrá bloqueos de llamadas telefónicas para los reclusos.
Expuso que está previsto, en coordinación con la Procuraduría General de la República, instalar bloqueadores en las cárceles de Anamuya, Higüey, el Kilómetro 15 de Azua, Rafaey de Santiago y La Vega.
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