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SANTO DOMINGO (EFE).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, planteó a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados la importancia que tiene para la seguridad jurídica del país la aprobación del Proyecto de Ley sobre Notariado.
Durante un encuentro con los miembros de la Comisión, Germán Mejía argumentó que la Ley del Notariado ha traído inconvenientes, fundamentalmente, porque a los notarios se les dio una atribución que choca con la tradición jurídica en la República Dominicana, como el hecho de realizar desalojos y embargos.
Como consecuencia de esa situación y preocupado por ese accionar, el Poder Judicial sometió un proyecto de ley que, a su juicio «contribuirá a una mayor seguridad jurídica. El embargo es un acto de violencia legalizado y el notario debe estar alejado de eso», enfatizó.
El proyecto expuesto por el presidente del Poder Judicial subraya que, actualmente, en el régimen del notariado se aprecia una situación de marcada contradictoriedad, particularmente, por el régimen de cobro de los honorarios y las nuevas funciones que ejercen los notarios en sustitución de los alguaciles.
Las «incongruencias» que presenta la norma hacen «necesaria una nueva ley que recoja los adelantos en el campo notarial, unifique la variedad de legislación existente, armonice el ejercicio de la notaría y el órgano regulatorio de los notarios, y elimine los inconvenientes creados por la Ley No. 140-15.»
«El proyecto del Poder Judicial viene a fortalecer la función del notario, el cual está comprometido con el fortalecimiento de la seguridad jurídica porque sus actuaciones deben caracterizarse por la imparcialidad, confiabilidad, eficiencia, eficacia y apego irrestricto a las normas», dijo.
Asimismo, cuestionó que la notaría ya no se ejerce como un ministerio, de manera justa y moderada, sino que se ha convertido en un negocio vulgar.
Germán Mejía afirmó que «esta nueva ley beneficiará a la mayoría y al propio notariado, porque viene a transparentar el ejercicio y a rescatar la ética de ese profesional, que ya está bastante cuestionada.»
El pasado mes de febrero el CPJ dispuso la creación de la comisión que se encarga de gestionar ante el Congreso Nacional la aprobación del proyecto que modifica la Ley No. 140-15 sobre Notariado, presentado por la Suprema Corte de Justicia, ante «los graves inconvenientes» que causa su aplicación.