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Frágil independencia judicial dominicana
Por Luis M. Guzmán
El debate sobre la independencia judicial en República Dominicana ha cobrado fuerza en los últimos años, particularmente bajo la administración del presidente Luis Abinader. La reciente reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al nuevo procurador general ha puesto nuevamente en la palestra pública la pregunta de si es posible tener una justicia realmente autónoma cuando el poder Ejecutivo juega un rol tan protagónico en el proceso de selección de las principales autoridades judiciales.
A diferencia de otros procesos judiciales, como la elección de jueces para las altas cortes, en los que se presentan decenas o incluso cientos de candidatos, la selección del procurador general es mucho más cerrada. Según el reglamento recientemente aprobado por el CNM, el presidente será el único encargado de someter un candidato, quien ni siquiera tendrá que pasar por entrevistas. Esta falta de competencia y evaluación pública plantea serias dudas sobre la transparencia y la independencia del proceso.
El Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, tiene la facultad de aprobar o rechazar al candidato presentado por el presidente. Sin embargo, en la práctica, esta instancia rara vez contradice la voluntad del Ejecutivo.
Esto convierte al proceso en una formalidad que, aunque institucional, no parece responder a los estándares de un sistema judicial independiente y democrático.
La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho.
Sin embargo, para que esto sea una realidad, es imprescindible que los mecanismos de selección y nombramiento de los principales funcionarios judiciales sean transparentes, imparciales y alejados de la influencia política. En el caso dominicano, el control presidencial sobre la selección del procurador y de la mitad de los procuradores adjuntos dificulta alcanzar ese ideal.
El nuevo reglamento del CNM no incluye disposiciones que permitan la postulación abierta de candidatos ni la realización de entrevistas públicas. Estas medidas serían esenciales para garantizar que los seleccionados cuenten con las competencias, experiencia y ética necesarias para ocupar posiciones tan relevantes. Además, promoverían una mayor confianza pública en el sistema judicial.
Figura clave
La figura del procurador general es clave para la administración de justicia en el país, ya que supervisa el trabajo de los procuradores adjuntos y lidera importantes investigaciones, como las relacionadas con la corrupción y el crimen organizado. Por lo tanto, es fundamental que esta posición esté ocupada por alguien con independencia suficiente para actuar sin presiones políticas.
En cuanto a los procuradores adjuntos, su selección también genera inquietudes. Actualmente, el presidente tiene la responsabilidad de proponer la mitad de los 14 procuradores adjuntos que apoyan al procurador general en áreas especializadas, como medioambiente, crimen organizado y violencia de género. Aunque esta especialización es necesaria, el método de selección limita la diversidad y puede priorizar intereses políticos sobre los méritos profesionales.
Figuras destacadas como Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yeni Berenice Reynoso, titular de Persecución, han demostrado que el liderazgo comprometido puede marcar una diferencia en el sistema judicial.
Sin embargo, su continuidad y la de otros procuradores especializados dependerán en gran medida de decisiones presidenciales, lo que pone en riesgo la estabilidad de sus gestiones.
El proceso actual también carece de mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil y de otras instituciones independientes. En otros países de la región, se han implementado modelos más abiertos y participativos para la selección de autoridades judiciales, lo que ha contribuido a fortalecer la percepción de independencia y transparencia en sus sistemas de justicia.
Una posible solución para mejorar la independencia judicial en República Dominicana sería reformar el reglamento del CNM para incluir procesos competitivos y abiertos, donde cualquier abogado calificado pueda postularse para las posiciones de procurador general y procuradores adjuntos. Esto reduciría la influencia del poder Ejecutivo y permitiría la selección de los candidatos más capacitados.
Además, sería importante implementar mecanismos de evaluación periódica para los procuradores, basados en criterios de desempeño y resultados. Esto no solo garantizaría una mayor eficiencia en el sistema judicial, sino que también limitaría la posibilidad de que intereses políticos interfieran en su labor.
Mientras el poder Ejecutivo mantenga un control tan directo sobre la selección de las principales autoridades judiciales, la independencia de la justicia en República Dominicana seguirá siendo un ideal difícil de alcanzar.
Reformar el sistema para hacerlo más transparente, participativo y meritocrático no solo fortalecería el Estado de derecho, sino que también aumentaría la confianza ciudadana en las instituciones del país.
jpm-am
Que venga DIOS para que estos HJDLAGPTA mal llamados presidentes fiscales jueces procuradores y demás RATAS con el perdón y permiso de las ratas y le digan al DIOS todo poderoso a que M…ldita justicia ellos se refieren porque solamente en un país como el nuestro donde bueno es el que te da y los politicos lo saben muy bien nos meten esa enema de “justicia independiente” eso nunca ha existido ni justicia y menos independiente!!!
Al devenir la democracia dominicana de un sistema monárquico los presidentes de este país se creen reyes y soberanos para dirigir todos los poderes del estado, aunque se sabe que el congreso y la justicia son poderes instituidos por la constitución de la república y deben funcionar de manera independientes.