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La coalición, coliderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, presentó un documento de defensa a los haitianos como “amigos de la corte”, en el que instan al Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Columbia a rechazar la moción del gobierno federal de suspender la decisión del tribunal de distrito que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminar el TPS para más de 350,000 haitianos.
Los fiscales argumentan en el documento que cancelar el TPS a los haitianos pondría en peligro la seguridad, la salud y la economía de las comunidades de todo el país y afectaría gravemente la vida de familias que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años. Recuerdan que casi uno de cada cuatro beneficiarios del TPS en todo el país es haitiano.
La coalición aseguró que eliminar el TPS para esta comunidad “causaría un caos” en la vida de cientos de miles de familias, incluyendo a los numerosos ciudadanos estadounidenses que viven con un familiar haitiano con TPS.
En 2022, 87,000 niños y 116,000 adultos estadounidenses vivían con un beneficiario haitiano del TPS. Argumentan que los padres beneficiarios del TPS se verían obligados a elegir entre abandonar a sus hijos y regresar solos a Haití, llevándose a sus familias a un país peligroso y desconocido, o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal y con el temor constante de ser separados por la fuerza y deportados.
Al menos 56,000 neoyorquinos son haitianos beneficiarios del TPS, y la terminación de su estatus legal afectaría una importante fuente de ingresos fiscales para el estado, destacaron los fiscales, así como que los haitianos con TPS pagan más de US 140 millones anuales en impuestos.
