Expertos ONU piden cambios tras caso de corrupción involucra exdiplomático RD

Un informe presentado hoy plantea toda una serie de medidas que ahora serán analizadas por la Asamblea General, el órgano en el que están representados todos los Estados miembros de la ONU.

Los expertos defienden la necesidad de más transparencia en el funcionamiento de la oficina del presidente de la Asamblea y la creación de unos principios éticos por los que se rija este cargo.

Por ejemplo, plantean medidas como exigir a los presidentes la presentación de declaraciones financieras al asumir y concluir sus funciones o que informen de manera oficial sobre todos sus viajes y actividades.

El informe propone además dar más claridad a las contribuciones económicas que los países hacen a la oficina del presidente de la Asamblea General, con las que se sufragan unas operaciones que en términos reales no han visto aumentado su presupuesto desde 1998.

Ello, a pesar de que la función del presidente de la Asamblea ha pasado en los últimos años «de ser en gran medida ceremonial a adquirir un marcado carácter sustantivo», según los expertos.

Aunque el presidente de la Asamblea General no es un empleado de la ONU, los expertos destacan la «gran proyección» que tiene el cargo de cara al público y el daño que el caso Ashe ha causado a la organización.

En ese sentido, consideran que las medidas de transparencia y rendición de cuentas en vigor son «insuficientes» y permiten «importantes resquicios».

El actual presidente de la Asamblea, Mogens Lykketoft, destacó en un comunicado la importancia de analizar muchos de esos posibles problemas y dijo que trabajará con los Estados miembros para discutir las recomendaciones y estudiar cambios.

Ashe está acusado por las autoridades estadounidenses de haber aceptado más de un millón de dólares en sobornos por parte de empresarios chinos a cambio de su influencia al frente de la Asamblea General.

Este mes, un exdiplomático dominicano involucrado en el escándalo se declaró culpable tras un acuerdo con la Fiscalía.

A raíz del caso Ashe, aún pendiente de resolución en los juzgados, la ONU puso en marcha también una auditoría para analizar sus relaciones con los empresarios y organizaciones que aparecen en la instrucción y cuyas conclusiones se esperan en los próximos días.