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Estado de Derecho en América Latina: balance de los últimos años
Por CARLOS OGANDO ALCANTARA
América Latina emerge como una región prodigiosa en recursos económicos, un lugar donde la preservación de los logros en la construcción de un Estado de Derecho se vuelve imperativa.
¿Se ha desandado el camino hacia este ideal en los últimos diez años en los países de América Latina y el Caribe? El concepto de Estado de Derecho se materializa en un conjunto de principios que delinean la sujeción de ciudadanos, gobiernos, políticos e instituciones a las leyes públicas promulgadas en cada nación.
Sin embargo, los cimientos sobre los cuales se evalúa el Estado de Derecho en el mundo han sufrido una decadencia alarmante. El World Justice Project (WJP), entidad encargada de analizar el Índice del Estado de Derecho global, advierte que en 2023 este principio ha vuelto a «erosionarse en la mayoría de los países», siendo América Latina una de las regiones más afectadas.
El índice de Estado de Derecho de 2023, medido por el WJP el 25 de octubre del mismo año, evalúa y asigna puntuaciones en base a ocho factores: límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Los principios universales del Estado de Derecho se articulan en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, la rendición de cuentas, que exige que tanto el gobierno como los actores privados se sometan a la ley; leyes justas, que sean claras, públicas, estables y equitativas.
El gobierno abierto se refiere a procesos que aseguren la justicia, accesibilidad y eficiencia en la promulgación y aplicación de las leyes, y por último, el uso de mecanismos imparciales y accesibles para resolver disputas, garantizando la aplicación oportuna de la justicia por representantes competentes y neutrales, dotados de recursos suficientes y reflejando la diversidad de las comunidades que representan.
Es así como, al evaluar el panorama global en 142 países y jurisdicciones, se observa un deterioro del Estado de Derecho desde 2016 hasta 2023, un declive registrado en el 78% de las naciones. El factor del Índice Global de Estado de Derecho que ha sufrido la mayor disminución es el de Derechos Fundamentales, afectando al 77% de los países. En este escenario, Venezuela ocupa el último puesto con 0.26 de 1.0, ubicándose en el puesto 142 de 142 países evaluados, incluso por debajo de Cuba y Nicaragua.
En contraposición, los países mejor posicionados del 1 al 10 son: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Austria, Canadá y Estonia. En América Latina, Uruguay, que ocupaba el puesto 22 en 2020, ascendió al 25 en 2023; Costa Rica, del 25 al 29; Chile, del 26 al 33; Argentina, del 48 al 50; y República Dominicana, que estaba en la posición 90 en 2020, descendió al 86 en 2023 a nivel mundial. Esta última se sitúa ocho lugares por debajo del líder regional, Uruguay, y 86 lugares por detrás del líder mundial, Dinamarca.
Entre los peores evaluados se encuentran Venezuela en la posición 128, Bolivia en la 126, Honduras en la 116, Camboya que pasó del puesto 127 en 2020 al 141 en 2023, Haití en el 149, entre otros. Estados Unidos figura en el lugar 21, Francia en el 20, Reino Unido en el 13, España en el 19 y Rusia en el 94. A pesar de las variaciones en el Estado de Derecho según la constitución y fecha de independencia de cada país, es crucial cumplir con estas mediciones para ubicarnos entre las naciones que realmente ostentan una democracia genuina.
Ha habido violaciones constantes del Estado de Derecho donde la legitimidad del poder ha sido corroído, tales con los casos del gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega (que ha conculcado los derechos de la Iglesia y derechos políticos fundamentales), en el Salvador con el intento de Nayib Bukele de forzar una relección no permitida por la Constitución; en Perú (con la salida de Pedro Castillo por el intento de autogolpe de Estado y el Congreso lo inabilita), en Venezuela con la dictadura de Maduro y en Republica Dominicana (el hecho de haber renovado el contrato de Aerodom faltando siete años para su vencimiento) se puede considerar en una violación y usurpación de derechos que corresponderían al gobierno que gane las elecciones del 2028-2032.
Debe haber una alerta a las 29 naciones de América Latina que no han cumplido con el Estado de Derecho y felicitar aquellas 10 que lo han logrado, incluyendo a la República Dominicana y tratándose de que este último es el país número uno en estabilidad económica de América Latina y es el tercer destino turístico más importante detrás de México, ha sorprendido con que aparezca rezagado en el Índice Global de cumplimiento al Estado de Derecho tanto dentro de la región, así como también a nivel del mundo.
Eso tiene un impacto en la generación de pobreza por la exclusión y la denegación de derechos, así como también por la negación en la impartición de justicia de manera imparcial.
jpm-am