Ese abominable negocio

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “La trata de personas es algo que niega nuestra humanidad”. La contundencia
de esa breve afirmación del embajador de Estados Unidos, James
“Wally” Brewster, debe servir de impulso para que nunca jamás ningún Estado vuelva a tocar
la erradicación de ese flagelo atroz como una de sus metas a alcanzar.

Sí, es cierto por entero que la
esclavitud moderna lacera a las sociedades, porque reduce la condición humana a
la humillante situación de servilismo. Por eso
es una vergüenza que los gobiernos aun discutan políticas para eliminar
esa aberración.

A las dramáticas historias de mujeres engañadas por tratantes y/o
traficantes con promesas de trabajo digno en el extranjero, se anexa ahora el
rapto de niñas y niños usados en el comercio sexual, sobre todo, del Sur “profundo”.

Para cerrar el indignante trato, los salvadores de menores pobres ofrecen a
sus padres colocarlos en casas de familias acomodadas que les darán una mejor
calidad de vida.

Unos son prostituidos, otros tenidos
como servidores domésticos, a cambio de comida y escasas ropas, pero sin
posibilidades de asistir a centros de
enseñanzas. Todos en condición de vulnerabilidad.

Forman entre el 15 y el 20% de las
víctimas de ese crimen de lesa humanidad, con el que se enriquecen mafias con
raíces muy firmes.

En el caso de las mujeres, el anzuelo es un contrato falso para laborar
como domésticas o camareras en el extranjero.

Una alta compensación por ese trabajo es el gancho perfecto para que las
chicas, muchas analfabetas, estampen con su nombre o con una cruz el contrato
que las sacará de esa lancinante pobreza que trunca sus sueños.

Las que logran escapar de sus captores, acuden en cadenas a las autoridades a denunciar las torturas, las vejaciones a las que son
sometidas por sus verdugos.

Todas las historias se parecen. Todas tienen como protagonistas a mujeres
muy pobres, con baja formación académica y “buena presencia”, que cayeron en
las redes perversas de un negocio que mueve en el mundo US$32 billones al año.

“Hay que parar eso. El país no puede permitir que mujeres, niñas y niños
sean ofrecidos al mejor postor como
parte de un paquete turístico”, manifestó indignado el procurador general
Francisco Domínguez Brito.

Así es, señor procurador, el Estado está en la obligación de borrar esa
mancha insidiosa de esta sociedad. Está compelido a dar señales claras de que erradicará esa asqueante y criminal práctica.

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