OPINION: Esa reforma podría dañar la democracia

 La Constitución de la República Dominicana, desde la proclamación de su independencia, el 27 de febrero de 1844, ha sido modificada 39 veces, la mayoría de las ocasiones para satisfacer apetencias personales, Incluyendo las realizadas durante la historia reciente, es decir, a partir de la desaparición de la tiranía trujillista.

          Juan Bosch, al llegar al poder en febrero de 1963, propició una nueva Constitución, la más avanzada de toda la historia republicana, pero lo hizo a través de una constituyente, en la cual muchos ciudadanos dominicanos, sin ser legisladores, trabajaron en la elaboración de esa ley de leyes. Esa nueva Constitución no establecía la reelección presidencial.

          Pero  apenas tres años después, con la llegada al poder de Joaquín Balaguer en 1966, se reformó de nuevo la carta magna y se estableció la reelección presidencial, esta vez por tiempo indefinido o sin límite de tiempo.

            Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco gobernaron del 1978 a 1986. A pesar de que no tuvieron impedimento constitucional para optar por un segundo período, fueron de los pocos jefes de Estado que no buscaron la reelección presidencial. Gobernaron con la misma Constitución de 1966. Uno de los principios del PRD era la no reelección presidencial, principio con el cual el doctor José Francisco Peña Gómez, su líder de entonces, no transigía.

          Fue en el año de 1994, con motivo de la crisis post electoral, provocada por el fraude en los comicios de ese año,  que se estableció en el Pacto por la Democracia la prohibición de la reelección presidencial, entre otros aspectos. Y se procedió a reformar la Constitución.

           Pero ocho años después, en el 2002, Hipólito Mejía reformó la Constitución con la finalidad de habilitarse para el 2004, después de haber dicho decenas de veces que no optaría por un período adicional y haber satanizado la reelección presidencial.

          En esa reforma se estableció dos períodos y nunca más, pero Mejía perdió los comicios del 2004. Quien se benefició de esa reforma fue Leonel Fernández al ganar en el 2004 y en el 2008.  Fernández, no conforme con gobernar ocho años consecutivos más el cuatrienio de 1996-2000, hizo una nueva Constitución en el 2010, con la anuencia  de Miguel Vargas (que había sido candidato presidencial del PRD en el 2008), a través del Pacto de las Corbatas Azules. Con esa reforma Leonel Fernández se habilitaba para el futuro y, sin proponérselo, habilitaba también a Hipólito Mejía.

          Los adversarios internos de Leonel Fernández lo acusan de pretender superar a Joaquín Balaguer, quien gobernó 22 años.

          Esa Constitución del 2010 establecía un período de cuatro años presidencial sin reelegirse en lo inmediato, pero resultaba habilitado al término del siguiente período. Fue con ese formato que Danilo Medina ascendió al poder en el 2012, pero forzó el Pacto de Juan Dolio y reformó la Constitución en el 2015, restableciendo dos períodos consecutivos y nunca más, el mismo que Hipólito Mejía había impuesto años antes, que es precisamente el sistema estadounidense.

          Ahora Medina, sin dirigirse a la nación para justificar su aspiración, lucha para reformar la Constitución y poder ser candidato en la contienda del año entrante, amenazando con una crisis política y siendo acusado tanto por adversarios internos como externos de pretender perpetuarse en el poder y entrar en una fase dictatorial.

           La constitución no debe de reformarse por intereses particulares, como ha sido una constante durante todo el trayecto de la historia republicana, lo que revela que no hemos avanzado institucionalmente y mostramos una enorme dependencia de la persona que controla el presupuesto de la nación.

          Para un sector del PLD y para una importante parte de la población otra reforma constitucional en estos momentos, con una consiguiente reelección presidencial, podría resultar peligroso para la democracia dominicana, que de hecho es una democracia deficiente.

           Al momento de escribir estas líneas había el rumor de oferta de hasta 70 millones de pesos para los diputados y senadores opositores que den el visto bueno a la ley de reforma en sus hemiciclos y luego aprueben la reforma constitucional en la reunión de la Asamblea Nacional, constituida por todos los legisladores.

          Muchos desaprueban reformar nuevamente la carta magna con la finalidad de satisfacer sólo la aspiración de un equipo gobernante que teme a la persecución judicial, ante el cúmulo de escándalos de actos de corrupción que se han registrado en estos últimos años. A Danilo Medina se le atribuye el no encontrar una escalera para descender del poder, escalera que le garantice tranquilidad, pues el deterioro de sus relaciones con Leonel Fernández le lleva a la desconfianza absoluta.

          La conducta política exhibida tanto por Danilo Medina como por Leonel Fernández, en lo que concierne a la ambición de poder, revela que fueron discípulos aprovechados de Joaquín Balaguer, no del profesor Juan Bosch, quien demostró desprendimiento y respeto a las instituciones durante toda su carrera política.

           Analistas políticos consideran que no es viable otra reforma constitucional en estos momentos, por la pérdida de aprobación popular del jefe de Estado, los escándalos de corrupción y la falta de los votos necesarios, es decir, las dos terceras partes requeridas constitucionalmente para habilitar al presidente ante la Asamblea Constituyente. Obtener esa mayoría de legisladores sólo es posible mediante el soborno y el uso de métodos antidemocráticos, conductas que anticipan daños severos a la democracia dominicana.

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