El PLD y su actual dirigencia quieren ignorar que, ante los ojos de la sociedad, tocaron fondo y fue por lo que perdieron el poder, y alegando “persecución política” ante graves casos de corrupción atribuidos a influyentes exfuncionarios llamados por la justicia, apuestan a que se les vea como víctimas.
Y en vez de hacer una pausa y buscar oportunidad de diferenciar responsabilidades individuales de las de la organización, se aventuraron a decir que tomarían las calles y que “no tenían miedo”.
Un error de bulto y de tiempo, porque las “bravuconadas” y desbordamientos verbales que después se quieren recoger, se revierten, crean un efecto contrario ante un amplio núcleo social responsable y serio del país, que no necesita de espejuelos para advertir de lejos las malas acciones de un gobierno y de algunos funcionarios cuando violan la línea de la prudencia y de la ética.
Aun resuena la salida del expresidente Medina al preguntarle por algún caso del que se adueñaba el rumor público en su gestión: “¿pero cuál corrupción?”. A sabiendas de un pasado por el que ahora se juzga a varias de sus piezas claves (obviando el cerco al Congreso y las “travesuras” desde Procuraduría, en las primarias internas y el intento fallido en las nacionales), hace –o hizo–malla dirección y vocería del partido morado en acusar de “dictador” al presidente Abinader y en torpedear el trabajo y esfuerzo de un Ministerio Público con gran respaldo, al atribuirle ser “instrumento de reelección” del gobernante, bajo el alegato de que éste buscaría en los tribunales lo que no conseguiría en las urnas.
El PLD y su gente, con derecho a defenderse, a lo más que pueden apostar -y pedir- en esta etapa, es a que se respete el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados, pero dejar que la justicia juegue su rol institucional.
La línea de ataque a un MP con respaldo en la sociedad no solo es necia y torpe, es irresponsable, porque esos mismos procuradores y fiscales, de carrera, provienen de gestiones moradas.
Y no cabe ponerse las botas grandes de Lula, de Correa y de Evo Morales, para hablar de “judicialización de la política”, porque ahora –y por fin– lo que hay es una judicialización de la corrupción, que una vez tocó a “cuellos blancos” de bancos, pero se era lento con políticos o con empresarios metidos a políticos.
Y aunque se quiera “enrarecer” el clima, aquí no hay crisis política ni de gobernabilidad para llamar a cumbres para garantizar una paz social que no está en riesgo, felizmente.Por ello, la “idea” de que cuatro líderes se junten para buscar salida “a lo que pasa”, sería invitar a que políticos afecten la institucionalidad suplantando las funciones de la justicia y terminar en lo que no sería más que en un “pacto de impunidad”, inaceptable desde todo punto de vista. En fin, ni búsqueda de “bajaderos” ni “borrón y cuenta nueva”. encar-medios@hotmail.com
jpm-am


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