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Elementos imprescindibles en la Ley de Partidos
Los emisores han puesto al aire, nueva vez, un tema viejo vestido de ribetes novedosos con la finalidad de influir en las audiencias y dirigir la agenda política nacional, concluido ya lo relacionado con el pasado proceso electoral. Naturalmente nos referimos a la Propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Conviene establecer que los partidos son instituciones de carácter nacional que reflejan el pluralismo político, promueven y dirigen la participación del ciudadano, contribuyendo a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de llegar al poder, mediante los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas del Estado-nación. Por otro lado, las agrupaciones políticas son asociaciones de ciudadanos que persiguen el mismo objeto de los partidos pero con un alcance meramente local: provincial, municipal o del Distrito Nacional.
Como podemos ver el Partido es un instrumento democrático de acceso al poder político en el que un grupo de individuos se organizan bajo un conjunto de principios e ideales de como ellos piensan o entienden que debe ser el accionar del Estado, para lo cual elaboran programas de gobierno y líneas de acción en sintonía con esa visión, y crean un brazo electoral con la idea de llegar al poder y poner en ejecución estos planes, que como ya dijimos representan su visión de cómo entienden que deben ser y hacia donde deben dirigirse los destinos del Estado.
Todos los dominicanos tienen derecho a constituir partidos y agrupaciones políticas, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarse, a difundir sus ideas y programas, y retirarse de ellos libremente. Empero, partidos y agrupaciones políticas están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los fundamentos de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento del bienestar común. Es muy importante que quienes dirigen estas organizaciones, quienes militan en ellas y quienes las promueven, como en el momento oportuno a sus candidatos, tengan todo esto bien claro.
De manera que no estamos ante cualquier institución, por lo que se hace perentorio, crear un Estatuto Básico de los partidos y agrupaciones políticas, que además de lo relacionado con su personería jurídica, denominación, símbolos, y colores, dicte normas sobre la financiación estatal y privada; de las campañas electorales; rendición de cuentas; la escogencia democrática de las directivas (evento que debe ser organizado, dirigido y fiscalizado por un tercero); publicidad, propaganda y encuestas políticas; de la vigilancia, control y administración; de la formación política; del control ético; entre otras disposiciones.
Si por el contrario reducimos nuestra visión de una Propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, a que solo reglamente lo relacionado a la personería jurídica, denominación, símbolos, colores, listados de miembros y financiamiento estamos haciendo un flaco servicio a la sociedad. La Propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe ser un instrumento, que entre otras muchas cosas, establezca los parámetros necesarios para el ordenamiento y administración interna de estas entidades públicas. Haciendo énfasis en la formación política de sus miembros y la participación de estos en todos sus procesos internos.
En escenarios de muchas incertidumbres, es muy necesario tener reglas de juego claras, reconocidas y respetadas por todos los actores. En ese sentido la Propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas una vez aprobada, junto con la necesaria reforma a la Ley Electoral No. 275-97 y la Ley No. 2-03 que introdujo modificaciones a la misma, con el Tribunal Superior Electoral jugaran un papel vital para el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos y en general de la sociedad dominicana, pues son pasos firmes hacia la consolidación de una democracia funcional y equitativa de forma y de fondo.
Quiero terminar ésta reflexión con la visión legado del prócer Juan Emilio Bosch Gaviño para quien la educación política era el medio para formar ciudadanos, con profunda vocación de servicio a la nación. Ciudadanos dotados de las necesarias competencias y una sólida convicción democrática, para un correcto desempeño en las funciones públicas.
jpm