Elecciones 1966: 50 aniversario

A diferencia de 2016 en la campaña electoral de 1966 no existían dimes y diretes, discusiones y contra acusaciones; el toma y daca; discursos sin propuestas concretas; caravaneo folclórico de supuestos o reales índices de popularidad de políticos montados sobre capotas de jeepetas; encuestas electorales pagadas o independientes; coordinadores de campaña electoral; publicistas o estrategas de mercadeo político; coléricas redes sociales y una Ley Electoral No.275-97 que distribuye fondos a una caterva de partidos políticos que participarán en las elecciones del 15 de mayo de 2016.

A diferencia de 1966 ¿por qué un 2016 con tanta bulla sin discurso alguno?. En 1966 Juan Bosch y Joaquín Balaguer fueron categóricos en discursos y concentraciones populares que luego comentaban o reproducían los medios escritos, radiales y televisivos, como sucede hoy día. Son los mismos o más medios informativos con los mismos fines, independientemente de su metamorfosis con el paso del tiempo. ¿Qué otra cosa se necesita para alcanzar el poder sin que esto signifique el uso de fondos que otorga la ley a los partidos cada año y una suma doble en el año electoral?

Es un abismo insalvable que separa 1966 de 2016. Todo se reduce al obsesivo control de los poderes públicos de parte de los partidos cuando alcanzan el poder con el ingrediente de la repartición de cargos producto de alianzas electorales u otras. Como carrete y vara en mano de experimentado pescador se manipula la histórica falta de transparencia electoral que navega desde 1961 a la fecha, con la excepción de las elecciones del 20 de diciembre de 1962 que ganó Juan Bosch luego del ajusticiamiento del tirano Trujillo en 1961.

Hoy vemos un dantesco espectáculo electoral que en nada ayuda el fortalecimiento de la democracia. Todo lo contrario. El costo de las elecciones de 2016 es de RD$4,600 millones, unos RD$800.0 millones más de lo gastado en las elecciones de 2012. Obviamente, los presupuestos anuales de la Junta Central Electoral (JCE), al igual que los recursos anuales que la ley regala a los partidos, son «otra cosa» al margen del «amagar y no dar» de la Cámara de Cuentas (CC) y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) respecto al uso de fondos de la ley electoral.

Esa ley ha convertido la política dominicana en una empresa que forma parte de las «Empresas Públicas de Bienes y Servicios – Financieras y No Financieras», a la par con el Art.216 de la Constitución de la República citado por las Altas Cortes, quienes consideran  los partidos políticos como instituciones públicas por el hecho de recibir recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), es decir, recursos provenientes de los sectores productivos y la ciudadanía en general por concepto de impuestos directos e indirectos ya que el Estado no produce nada para eso ni para muchos otros fines.

Algunas de las empresas estatales pueden ser eficientes, mientras otras son deficientes o deficitarias. Dentro de estas últimas de ubican los partidos políticos reconocidos por la JCE, a los que hay que otorgar el soberano premio «Empresas Más Deficitarias del Grupo de Empresas Públicas de Bienes y Servicios – Financieras y No Financieras» en vista de que no producen ningún bien o producto; solo promueven y venden un servicio llamado política subsidiado por los sectores productivos y la sociedad misma mediante impuestos directos e indirectos que succiona la ley electoral para uso de los partidos políticos. A dónde has ido, Joe Dimaggio?

Llora ante la presencia de Dios el reportaje del Listín Diario de fecha 16/2/2016 titulado «Partidos con altos gastos en dietas y representación», donde se demuestra que los partidos minoritarios concentran hasta 60% de presupuesto en esos conceptos de acuerdo con las elecciones de 2012. Según el Listín Diario los fondos a entregar a los partidos minoritarios que participarán solos o aliados en las elecciones de mayo de 2016 ascienden a RD$322,017,384.60 millones. De ese total el 60% asciende a RD$193,210,430 millones por concepto de dietas y gastos de representación si se repite la historia de 2012.

Restan RD$1,288,069538 millones a repartir en 2016 entre los tres partidos mayoritarios entrelazados, aliados y sus aliados (PLD, PRD y PRSC), a razón de RD$429,356,512.70 millones cada uno. Si estos imitan el ejemplo de los partidos minoritarios en 2012, cada uno gastaría RD$257,613,907.60 millones en dietas y representaciones, cosa creo no publicó el Listín Diario. De ser así cada partido tendría un margen de un 40% (RD$171,742,605.10 millones) para hacer «lo que considere de lugar». Aquí no se incluyen fondos públicos fuera de la ley electoral y fondos de dudoso origen. De todas maneras, se trata de un negocio redondo, como quiera que se vea, donde lo único que se ve son algunas cosas como las descritas en el primer párrafo de este artículo.

Gracias a la Ley Electoral No.275-97 florece una actividad lucrativa que convierte la política en una poderosa empresa administrada por «Empresarios de la política» dentro del sector «Empresas Públicas de Bienes y Servicios – Financieras y No Financieras», una variable estratégica que ausente de partidos políticos merece ser tomada en cuenta para convertir el Estado en sector económico que le permita crear riqueza partiendo de sus propias entrañas para bien de la nación, junto con la inversión pública de carácter «reembolsable» (Ref./Google: «Estado productivo o

populista»). Pero los «Empresarios de la política» pasan eso y muchas cosas por alto.

Decimos esto si nos fijamos en el Patrimonio Empresarial de la Era de Trujillo manejado por los «Empresarios de la política» desde 1962, hasta llegar a su degradación final con la Ley No.141-97 del 10 de junio de 1997, denominada «Ley de Reforma de la Empresa Pública» que alcanzó al CEA, CDE, la Corporación Hotelera Dominicana y los aeropuertos del país. Hoy día sigue el festín mediante concesiones portuarias, carreteras y donaciones de terrenos del Estado sin monitoreo productivo, entre otros, pues como dije anteriormente el Estado dominicano ha perdido la virtud o capacidad de crear riqueza partiendo de sus propias entrañas, relegando el bienestar nacional a un segundo plano. Me refiero al Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde 1962 a la fecha.

Mientras tanto, en tan solo cuatro años (2013-2016) los partidos políticos mayoritarios (PLD, PRD y PRSC) habrán recibido RD$1,073,391,281 millones cada uno gracias a la Ley Electoral No.275-97, dentro de un círculo vicioso partiendo de dicha ley, la Sentencia No.192-15 del Tribunal Constitucional (TC) amparada en el Art. 216 de la Constitución de la República; la CC y el PEPCA, donde a falta de una Ley Electoral de Partidos y Agrupaciones Políticas, y la Reforma de la Ley Electoral No.275-97, completarían el 50 aniversario del torneo electoral de 1966, donde hoy vemos partidos  políticos convertidos en instituciones o empresas públicas por el hecho de recibir recursos del presupuesto.

A estas alturas no parece que el tema de la Ley Electoral No.275-97 fuese el legado de Juan Bosch y Joaquín Balaguer considerando las altas dosis de ética con que ellos manejaron el quehacer político. Juan Bosch donó sus pensiones en la formación y fortalecimiento del PLD y Balaguer publicaba mensualmente los ingresos y egresos del presupuesto en los medios escritos. Cae de su propia mata el hecho de que «con o sin reelección o continuismo», «con o sin fondos de la ley electoral», tarde o temprano se ganan y pierden elecciones aunque luego se promulgue una ley de partidos.

Lo que hay que derogar es la ley electoral que inhibe o fulmina la creatividad de un liderazgo político patriótico y nacionalista, sin importar su marca y origen siempre y cuando sea dominicano, tal y como acredita nuestra historia y los que la tergiversan con la finalidad de seguir empañando la transparencia de una democracia ganada a base de sangre, sudor y lágrimas y no de cuartos. De no ser el caso equivale el cambio estructural y funcional de la JCE en beneficio del pueblo y no de los «Empresarios de la política». Ese podría ser el mejor regalo en el 50 aniversario de las elecciones de 1966, preferiblemente sin fondos provenientes del Presupuesto General del Estado para repartir a los partidos políticos.