El rechazo a la sentencia

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El AUTOR es abogado y diplomático. Reside en Santo Domingo

Mucho se ha dicho sobre la decisión del Gobierno Dominicano en declarar como “inaceptable” la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual se acusa y condena al país de vulnerar derechos de ciudadanos de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano, y además en ordenar cambios en las legislaturas migratorias y la Constitución misma. La Corte Interamericana es un organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), vinculada y sometida a la jerarquía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como entidad mundial. La carta constitutiva de las Naciones Unidas, en su Capítulo I, artículos 1 y 7 establece de manera clara y precisa “la libre determinación de los pueblos y la prohibición de intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados miembros a la organización” Visto esto, resulta perentorio que todas las fuerzas vivas de la nación se unan a la posición de nuestro gobierno en rechazar de manera categórica los argumentos esgrimidos en la sentencia de la CIDH, donde coloca al país como una nación que viola todos los convenios suscritos en materia de conservación y respeto de los Derechos Humanos, haciéndonos ver como si fuésemos un engendro de maldad y xenofobia. Respetamos el papel que la Corte juega en materia de conocimientos de casos sobre vulneración de Derechos Humanos, pero antes que todo estamos en la obligación como nación y en nuestro caso como dominicano y diplomático, defender nuestro derecho libre y soberano, de tomar las decisiones pertinentes, en beneficio de nuestro país.

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