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El Congreso dominicano cuesta más de lo que podemos pagar y resuelve menos de lo que necesitamos. Por tanto, la eliminación del barrilito, pensiones de por vida, seguros médicos y otros lujos sin contar lo que se roban bloqueando o aprobando iniciativas no puede ni debe ser objeto de la decisión personal de cada legislador.
El país necesita acabar con esa vaina por la vía que sea. No es posible que una enfermera, un policía, un maestro o un empleado publico o privado tiene que trabajar mas de 20 años para acceder a una pensión mediocre o mala y estos manganzones en 4 años tienen de todo porque se lo agenciaron ellos mismos.
No es posible que Simón Lizardo y otros muchos como el, directores, ex funcionarios se despachen con licencias millonarias y que tengamos que vivir pagando esos lujos y no puede ser que, en ninguna instancia un organismo del Estado, su Consejo ni sus ejecutivos pueda tener como prerrogativa la de fijarse sueldos y beneficios sin chequeo, control ni parámetros.
No necesitamos cientos de legaciones diplomáticas, ni cientos de generales, ni Ministerio de la Juventud, ni Ministerio de la Mujer ni muchísimas otras entelequias de reciente invención que no pintan nada y que el año que viene añadirán lastre a expensas del gasto publico en salud, educación, vivienda.
Entonces la pregunta es: ¿Podemos esperar de este congreso la supresión del barrilito y demás privilegios? Claro que no. ¿Podemos esperar de funcionarios y ministros la racionalización del gasto y un ejercicio sobrio, mesurado y solemne? Claro que no.
Por cada legislador o funcionario tenemos miles de aspirantes a reemplazo; repletos de apetencias cuando no de voracidad. Sueñan con esos cargos para hacer lo mismo.
Por eso, debemos apostar a:
a.- la intolerancia ciudadana ante cualquier forma de malgasto del dinero público.
b.- el enjuiciamiento oportuno por la PGR del pasado y el presente corrupto.
c.—el advenimiento de la austeridad forzada que obliga a hacer mas con menos.
JPM