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El Intrant, más burocracia y escándalos
En teoría, la creación del Intrant es un intento de resolver los problemas del tránsito y de la seguridad vial, pero en la práctica será para legalizar las botellas creadas, privatizar la Omsa y la Opret, armonizar el Estado con los empresarios del transporte y de guaguas y repartir empleos a los compañeros.
El gobierno sabe qué hacer para enfrentar estos problemas pero le falta voluntad política, le falta despolitizar las instituciones, le falta autoridad, le faltan cualidades morales, le faltan recursos y le falta aplicar la ley sin distinción de clases ni privilegios indignantes.
El Intrat puede revisar el movimiento vial, puede censar los mecanismos, puede reunirse con todos los actores pero si desde el gobierno no hay señales de aplicar la ley con igualdad, sin que hayan abusos ni excesos y respetando los derechos ciudadanos, todos los intentos por sanear la movilidad vial será un fracaso.
Hay medidas nuevas que están en la ley 63-17, y otras que son administrativas y operaciones que si se aplicaran correctamente podríamos avanzar en aliviar el desorden del tránsito, reducir los líos del transporte, adelantarnos a los futuros problemas del metro y del teleférico y reducir la actuación desafiantes y liosa de los sindicatos.
Darle funciones al Intrant en coordinación con otras instituciones relacionadas con la materia, para manejar la logistica de la infraestructura, la movilidad y la seguridad vial podría reeditar las duplicidades de funciones y la irresponsabilidad compartida que en el pasado sirvieron como excusas para la deficiencia vial.
Nadie está pidiendo que fusionen las entidades del tránsito que son botellas sino que las eliminen. Pero no hacemos nada con eliminar entidades y por otro lado crear más carga para el estado al traspasar sus trabajadores a otras instituciones, crear 22 mecanismos más por reglamentos y nombrar dos asesores internacionales de EU y España.
Aunque es correcta, la compra e instalación de las cámaras para vigilar y multar las violaciones de los semáforos en rojo, debemos hacerla cumpliendo la ley de compras y contrataciones públicas pues todo aquí termina en irregularidades y escándalos.
Los exámenes para determinar los desperfectos técnicos y la alta exposición al monóxido de carbón para entregar los marbetes en los talleres habilitados, deben hacerse mediante un sistema de monitoreo digital desde el Intrant, de lo contrario veremos muchas denuncias de dádivas y de sobornos como pasaba en EU.
Entregar las rutas de las guaguas alimentadoras de los trenes al sector privado así como incluir a los políticos y a los empresarios que en el pasado saquearon el Plan Renove, en la revisión del parque vehícular para sacar las chatarras y en la compra de guaguas y vehículos del estado, sería fomentar la corrupción y el caos.
Es necesario sanear la Digesett y la fiscalía de tránsito, porque una parte de sus agentes y de sus fiscales han caído en pedir y recibir dádivas y peajes para resolver violaciones del tránsito. Por eso hay que aumentarles sus salarios, dotarla de equipo de comunicación, de transporte y de un sistema computarizado para aplicar la ley.
La justicia debe darnos buenas jurisprudencias para resolver los casos de los conductores que chocan y desaparecen. De los motores que son culpables en accidentes y quien carga el problema es la victima. De los vehículos que no tienen documentos de importación. Del monopio del transporte. Y de las muertes por accidentes.
Tanto la Digesett como el MOPC y los ayuntamientos deben resolver la escases de grúas públicas, la apropiación de la acera como parqueo, la falta de señalización, el manejo de día y de noche bajo el alcohol, la falta de facilidad para la movilidad del incapacitado, el reducido numero de agentes y la falta de infraestructura vial.
Se que es mucho pedir a un gobierno que tiene más de 18 años haciendo promesas y no ha podido resolver el problema del tránsito ni del trasnporte y que menos lo hará en dos años que le queda. Pero lo importante es que no nos hagamos ilusiones pues aquí los puestos públicos no son para servir sino para servirse. Y las leyes solo se aplican a los pobres pero no a funcionarios ni a militares.
Si a esto le sumamos que tenemos un parque vehícular que ha crecido desde el 1999 al 2017 pasando de un millón y algo a más de 4 millones de unidades, según la DGII, la deficiencia de metro, el monopolio del transporte y de choferes y la poca educación vial, el Intrant caerá como Onatrate, en más burocrácia y escándalos.
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