El Congreso

Uno de los grandes males de la democracia representativa es que le da los mismos derechos a todos los ciudadanos, por lo menos en teoría, como el de elegir  y ser elegido, aunque en la práctica no es verdad.

Todos tenemos derecho a elegir, dice la Constitución, pero ser elegido, ese para un grupo muy reducido, pues para ser electo presidente de la República, por ejemplo, hay que tener, mínimo, 30 años, para senador o diputado es obligatorio contar con 25 años, dejando fuera a los que tienen 18 hasta los 24. Esto sin incluir a los guardias y policías, que no importa la edad, tienen prohibido el sufragio, con lo cual se le viola un derecho  fundamental.

Significa que todos los ciudadanos no tenemos los mismos derechos para elegir, aunque si para votar.

Una ley debe regular, quién tiene condiciones para ocupar un cargo de elección popular, que no baste con la edad. Los aspirantes deben tener, además de la militancia que  existe la ley, unos requisitos indispensables, no solo que tengan problemas con la justicia. Los partidos deben tener un reglamento o protocolo que lo establezca. Ojalá sea único para todos.

Como van las cosas pronto tendremos más diputados y senadores vinculados al juego de azar, la venta de combustibles, sobre todo de Gas Licuado de Petróleo (GLP), capos y hasta sicarios, que gente honorables, de vocación de servicio, profesionales como médicos, profesores, ingenieros, militantes y dirigentes políticos educados en las escuelas de formación política y cultural de los propios partidos.

Una persona que apenas sabe leer y escribir, que firma con una X, como los hay, no puede ir a un congreso a decidir cuestiones tan importantes para un país como aprobar o chazar leyes, conocer y sancionar prestamos, integrar las comisiones de salud, educación, justicia, etc. Para esas tareas hay que tener un cierto entrenamiento, una formación determinada.

Un legislador tiene que ser un estudioso permanente, leer cientos de informes, proyectos de préstamos, y mil cosas más. Al congreso se va a trabajar y legislar, cosa que pocos hacen. No a regalar habichuelas con dulces, anillos, computadoras y otras vainas.

Contemos los legisladores dueños de bancas de apuestas, de bombas de GLP y otros combustibles, los que poseen el control de los puntos de drogas en los barrios. Si hacemos un balance nos daremos que son muchos, de todos los partidos. Ahora que se abre la campaña muchos se han llenado de ambiciones, se han dado cuenta que pueden “comprar” una curul en el Congreso buscando inmunidad parlamentaria y, claro, impunidad.

Hay que adecentar la política, hay que presentar candidatos con historia de  vocación de servicio social. El congreso hay que  dignificarlo con ciudadanos de cierto nivel para que no siga siendo un estercolero, un lodazal de donde solo pudo salir un senador, no sabemos si a defecar o a qué.

Es una lástima que el método “democrático” sea peor que el anterior, cuando los líderes proponían a los candidatos incluyendo a figuras de prestancia social de la pequeña  y mediana burguesía encontramos personas como Hugo Tolentino Disp., tirso Mejía Ricart, Milagros Ortiz Bosch, Salvador Jorge Blanco, entre muchos otros, incapaces de comprar votos para ser elegidos. Pero ahora es distinto. Ahora “gana” el que tenga más dinero, no importa cómo lo haya adquirido.

El voto preferencial ha terminado haciendo más daño que bien, porque lo han convertido en un mercado al alcance de personas ignorantes, inescrupulosos que no representan los sectores donde residen porque lo que hacen allí es vender drogas y colocar bancas de juegos de azar. Es decir, a enajenar y embrutecer a la gente convirtiéndolos en adictos y  ludópatas.

Si el Congreso es malo, es porque quienes lo integran lo es. Los partidos son responsables de lo que ocurre hoy día en el Congreso, que es una vergüenza nacional, un sello gomigrafo que hace lo que ordena el presidente.

Este es el Congreso de Danilo que le regaló Roberto Rosario, a la sazón presidente de la JCE. Espero que el próximo no tenga dueño, que sea independiente como  Primer Poder del Estado.

 

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