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SANTO DOMINGO.- Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos de la República Dominicana en materia de lucha contra la trata y tráfico de personas.
El informe anual, presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un evento virtual transmitido en vivo, asciende al país y lo saca de la “lista de advertencia”, donde había sido puesto el año pasado.
«En el vigésimo primer informe anual, el Departamento de Estado aseguró que se han visto avances en general en la lucha contra la trata y el tráfico de personas, y destaca esfuerzos cada vez mayores para investigar la complicidad oficial en delitos de trata, la prohibición del matrimonio infantil y la ayuda migratoria ofrecida a venezolanos vulnerables», indica una nota enviada por la Presidencia de la República.
Dice que en enero del 2021 entró en vigor una nueva ley que prohíbe el matrimonio infantil, herramienta importante para evitar que las niñas se conviertan en víctimas de la trata.
«La publicación dice que se notó cómo el Gobierno dominicano aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento, citando que la Procuraduría General de la República inició 63 investigaciones (59 por trata sexual, cuatro por trata laboral) en el 2020, en comparación con 26 investigaciones en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en 2016», señala el documento.
Asimismo, dice que la unidad policial contra la trata informó haber iniciado 44 investigaciones en el 2020, en comparación con 35 investigaciones en 2019, 45 investigaciones en 2018 y 83 en 2017.
El informe menciona que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la unidad policial contra la trata son los principales cuerpos de seguridad que perseguían casos de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica.
Sin embargo, lamenta que los recursos estén «altamente concentrados en la capital, lo que resulta en una falta de capacidad institucional para investigar y procesar adecuadamente los casos de trata de personas en áreas del país fuera del área metropolitana de Santo Domingo».
El documento de once páginas reconoce que indudablemente la pandemia afectó las acciones oficiales.
Señala, sin embargo, que no obstante una disminución en el número de casos procesados por las fuerzas del orden, tanto el gobierno como las ONG informaron que los tribunales crearon protocolos para audiencias virtuales y presenciales.
an/am