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WASHINGTON, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – Un tribunal federal de apelaciones ha determinado este viernes que la Administración del presidente Donald Trump probablemente actuó de forma ilegal al intentar cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permitía a cerca de 600.000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos, una postura defendida previamente por otro juez federal, que ordenó posponer el fin de este programa.
El dictamen ha sido emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ha respaldado también la competencia del juez de distrito Edward Chen –el primero en pronunciarse a este respecto– para emitir un fallo definitivo en la causa que cuestionaba la revocación del TPS para ciudadanos venezolanos antes de la fecha límite establecida por la Administración del expresidente Joe Biden.
«Al promulgar la ley TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral», ha razonado el panel de tres magistrados en su resolución emitida este viernes.
En la misma señala además que los demandantes han sufrido un perjuicio «irreparable» que afecta sus vidas, sus familias y su estabilidad económica.
GOBIERNO CUESTIONA COMPETENCIA DEL JUEZ CHEN
Sin embargo, el Gobierno ha cuestionado la competencia del juez Chen para objetar la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dispuso el fin de estas protecciones «alegando la preocupación por la ‘confusión’ causada por la prórroga anterior», así como la consecución de «mejoras notables» en la situación en Venezuela.
«Seguir permitiendo a los venezolanos (con TPS) permanecer en Estados Unidos no beneficia los intereses estadounidenses», agregó Noem y así lo recoge el auto de este viernes.
AUTORIZA CHEN CONTINÚE CON EL CASO
Contrario a la postura de la Casa Blanca, el Tribunal de Apelaciones ha autorizado, con un fallo unánime de sus miembros, que el juez Chen continúe con el caso y emita un veredicto definitivo sobre el fondo del caso.
Cabe la posibilidad de que cualquier decisión contraria a la posición del Gobierno de Trump sea probablemente apelada ante la Corte Suprema de EEUU.
sp-am