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EE.UU. sin inmigrantes indocumentados
POR LUIS M. GUZMAN
La posible deportación masiva de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, como se ha planteado en diversas administraciones, tendría efectos económicos, fiscales y sociales profundos. Con una población estimada de 11 millones de personas en esta situación, su contribución al sistema laboral y fiscal es esencial. Más allá de la dimensión humanitaria, es fundamental analizar las consecuencias económicas y estructurales que una medida de esta magnitud podría generar en el país.
Uno de los principales impactos sería la contracción económica. Los inmigrantes indocumentados representan una parte clave de la fuerza laboral en sectores como la agricultura, construcción, manufactura y servicios. Su ausencia generaría escasez de mano de obra, afectando la productividad y elevando los costos operativos de las empresas. Se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse entre un 2.6% y un 6%, lo que equivale a pérdidas de hasta $1.6 billones anuales.
Además, el sistema fiscal recibiría un impacto severo. En 2022, los inmigrantes indocumentados aportaron más de $96,700 millones en impuestos federales, estatales y locales. De estos, $25,700 millones se destinaron al Seguro Social y $6,400 millones a Medicare, programas a los que no pueden acceder. Su deportación eliminaría estas contribuciones, debilitando aún más la sostenibilidad financiera de estos programas esenciales.
El impacto en el Seguro Social y Medicare es crítico, ya que dependen de aportes laborales para pagar beneficios actuales. La eliminación de $32,100 millones anuales en contribuciones aceleraría su insolvencia proyectada, afectando a millones de jubilados y personas con discapacidad. Esto evidencia cómo la presencia de trabajadores indocumentados beneficia indirectamente a la población estadounidense a través de su aporte fiscal.
Costos
A esto se suma el costo directo de ejecutar una deportación masiva. Según el American Action Forum, deportar a todos los inmigrantes indocumentados costaría alrededor de $400,000 millones al gobierno federal, considerando gastos en detención, procesamiento legal y transporte. A largo plazo, las pérdidas fiscales acumuladas podrían ascender a $900,000 millones en la próxima década, afectando el presupuesto nacional.
Las repercusiones no solo serían económicas, sino también sociales. Se estima que más de 4 millones de familias serían separadas debido a la deportación de padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses. En total, 8.5 millones de personas, incluidos 5.1 millones de niños nacidos en EE.UU., enfrentarían traumas emocionales y dificultades económicas al perder a sus cuidadores principales.
La desestabilización comunitaria también sería inevitable. Las comunidades inmigrantes desempeñan un papel vital en el tejido social del país. La repentina desaparición de trabajadores esenciales y pequeños empresarios podría afectar economías locales enteras, incrementando la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y promoviendo un clima de incertidumbre en diversas ciudades y estados.
Otro efecto a considerar es el impacto en la inflación y el costo de vida. La reducción de la oferta laboral en sectores clave aumentaría los costos de producción, lo que se trasladaría a los consumidores en forma de precios más altos. Al mismo tiempo, la menor demanda de bienes y servicios, derivada de una reducción poblacional y del desempleo, afectaría la estabilidad del mercado interno.
En términos laborales, esta política afectaría negativamente a los ciudadanos estadounidenses. Se estima que por cada millón de inmigrantes deportados, 88,000 ciudadanos perderían sus empleos debido a la interdependencia en el mercado laboral. Esto elevaría el desempleo y reduciría el consumo interno, afectando el crecimiento económico a nivel nacional.
Desde una perspectiva histórica, es importante recordar experiencias pasadas. En la Gran Depresión, las deportaciones masivas de mexicanos no resolvieron la crisis económica, sino que aumentaron el desempleo y la pobreza. Asimismo, la Operación Wetback en los años 50 dejó efectos negativos en la producción agrícola. La historia demuestra que medidas punitivas no generan mejoras económicas sostenibles.
Desde un punto de vista ético y humanitario, esta política genera preocupaciones sobre derechos humanos. La separación familiar y la criminalización de una población trabajadora y contribuyente contradicen los valores de justicia e igualdad en los que se fundamenta la sociedad estadounidense. Alternativas como la regularización laboral podrían generar beneficios más sostenibles.
En lugar de una deportación masiva, políticas alternativas podrían maximizar los beneficios económicos y fiscales sin vulnerar derechos humanos. Ofrecer vías legales de integración permitiría aumentar el aporte fiscal de los inmigrantes y fortalecer sectores clave del mercado laboral. Programas de permisos de trabajo y contribuciones controladas podrían equilibrar la seguridad migratoria con el crecimiento económico.
Una deportación masiva de la magnitud que pretende ejecutar la administración Trump, tendría consecuencias económicas devastadoras y profundas implicaciones sociales para Estados Unidos.
Lejos de representar una solución viable, generaría déficits fiscales, desempleo y afectaciones a programas esenciales. Una reforma migratoria integral, que considere la realidad económica y social del país, sería una alternativa más efectiva para el futuro de la nación.
jpm-am