Dos años bastaron para salvar al arroz

Los casi dos años en que se mantuvo vigente el Decreto 693-24 fueron suficientes para hacer sustentable el cultivo, cosecha, procesamiento y comercialización del arroz como lo certifica un informe reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Publicado en el primer trimestre de este año, el informe del USDA referido al arroz procedente de República Dominicana da cuenta de una mejora sustancial del país con respecto a la primera década del 2000, pues se disminuyeron los costos unitarios de producción, registró un aumento en los rendimientos y mejor alineación entre los precios minoristas internos y los precios de referencia equivalentes a las importaciones.

Todo ello gracias a que se aplicaron ajustes sostenidos en la explotación agrícola tales como una mejor cobertura de riego, gestión más eficiente de los cultivos y la adopción gradual de avances tecnológicos y mejores prácticas de producción, según consigna el mismo informe.

También establece el informe de USDA los costos de producción por hectárea “son ahora inferiores a los observados en los Estados Unidos, apoyados en los índices de productividad los cuales descendieron de 2.17 en 2007 a 1.34 en 2024, eliminando casi dos tercios de la diferencia del costo original”

Todo esto reforzado en un hecho que siempre, en lo personal, hemos destacado, el de que los precios minoristas dominicanos que antes estaban 50% y 75% más altos que los precios equivalentes de importación desde USA, ahora son sólo un 9% superiores y en 2025 y este año 2026 deben haber mejorado aún más hasta hacerlos más competitivos.

Esto último se debe a que en todo el año 2025 las autoridades en combinación con los productores de arroz permitieron un alza escalonada de precios para que pueda ser asimilada por el mercado hasta llevar el precio del cereal en el mercado nacional, que estuvo congelado por una década en una franja que iba de 22 a 24 centavos la libra, en incremento hasta 28 a 30 centavos. Lo que implicó que en vez de producir para equiparar gastos los cosecheros pasaron a obtener beneficios de su labor.

“Esto significa que el arroz estadounidense que entra hoy a la República Dominicana compite con un producto nacional que es más eficiente en costos y cuyos precios están más alineados con los referentes internacionales”, dice el informe del USDA.

Porque no es lo mismo un arroz dominicano que es sólo un 9% más caro en 2024 cuando en 2007 era un 75% más caro. En este momento, como hemos dicho, deben estar al mismo nivel.

Decreto 693-24 fue una bendición para los productores

Aunque por incuria o falta de información los hacedores de opinión y la oposición política, ésta última por razones obvias, traten demeritar o considerar “innecesario” el Decreto 693-24, éste vino a ser, junto a las políticas públicas que lo acompañaron, el salvador del cultivo, procesamiento y comercialización del arroz en el país.

A tal punto, que hoy la suma de la producción del cereal dominicano supera la totalidad de todo ese grano producido por Centroamérica y Cuba.

Durante la vigencia del mencionado Decreto 693-24 se consolidaron todos los avances que consigna el informe del USDA.

Debe recordarse que todo el año 2024 fue de gran incertidumbre para todos los relacionados con el sector arrocero, a excepción de los importadores que ya habían hecho sus arreglos con estructuras productivas norteamericanas y facilitado de embarcaciones y contactos locales de comercialización para inundar el mercado interno con arroz libre de impuestos a partir del 1 de enero del 2025.

Aún con las mejoras en sus cultivos y reducción de costos de producción, los cosecheros agrupados en la Federación Dominicana de Productores de Arroz no se sentían seguros de la apertura total del mercado al arroz norteamericano sin pago de impuestos a partir del 1 de enero que se aproximaba.

El Gobierno no sólo los auxilió con el Decreto 693-24 sino que también y para garantizar el abasto del mercado interno abrió los grifos de la importación que permitió traer más de 4 millones de quintales, acción que se ejecutó por los mismos productores y molineros.

Así que con ese Decreto volvió la confianza en los productores y activaron sus mecanismos de preparación de tierras y siembra que posibilitaron un 2025 suficientemente abastecido con producción nacional, a la vez que lanzaron al mercado el arroz traído de USA y de otras partes del mundo, ligándolo con el de producción nacional de mayor calidad y sabor que todos los importados.

Al igual que con las subidas escalonadas de precios de 2025, estas maniobras del gobierno y sector arrocero apenas se percibieron.

Las autoridades nacionales y los ligados el sector arrocero dejaron a los importadores con “el moño hecho” y hoy lloran su desgracia, como se expresa en los medios, ayudados por unos famosos “expertos” de la oposición.

El Decreto 693-24 fue dejado sin efecto, luego de casi dos años de vigencia, en medio de una fuerte presión del Departamento de Estado y del Departamento de Agricultura de USA, ambos veladores del respeto y aplicación del contenido del acuerdo DR-CAFTA con Centroamérica y Estados Unidos.

Olvidan que el Decreto tiene su basamento en la Ley 589-16, modificada por la Ley 75-24 que crea el Sistema Nacional para la Soberanía Alimentaria y Nutricional (SINASSAN) cuya atribución está la de hacer acopio del arancel NMF (nación más favorecida) de la Organización Mundial de Comercio.

Todo lo cual facultaba al país a adoptar una política arancelaria proteccionista, como en efecto se hizo.

También consigna ese Decreto 693-24 en el Artículo 4 de sus dispositivos que “las medidas arancelarias adoptadas en el presente Decreto mantendrán su vigencia hasta tanto el CONASSAN recomiende lo contrario, basado en las consideraciones presentadas en un nuevo informe por la Secretaría Técnica de Soberanía y Seguridad y Nutrición”, justo lo que hizo el Decreto 635-26 reciente.

La coyuntura en que se produce este último Decreto 635-26 están relacionadas con las intensas negociaciones del país con USA para aliviar los efectos del arancel 12.5% impuesto por los Estados Unidos al país a todas sus exportaciones.

Las autoridades nacionales pudieron haber mantenido por más tiempo la vigencia del Decreto 693-24, pero se constituiría en obstáculo para obtener une negociación razonable con USA que ahora se procura referida a toda la relación de comercio RD-USA.

¿Es todo lo relatado suficiente garantía para que el país se lance a competir con arroz de USA libre de impuestos o de otros países fuera del DR-CAFTA que paguen el arancel establecido?

La respuesta a esta interrogante la dieron de inmediato la Federación Dominicana de Productores de Arroz (FENARROZ) y de productores agropecuarios (CONFENAGRO) con sus recomendaciones recientes.

Ahora el Gobierno tiene que aplicarse a fondo mejorando los sistemas de financiamiento y asistencia técnica a todos los involucrados con el sector, muy particularmente con la pignoración, facilitando la mecanización agrícola y la asociatividad de los productores. Como el sector financiero privado nunca se ha interesado, sin contar con ellos. Por fortuna la solidez financiera del Estado lo suplanta siempre con el Banco de Reservas y el Banco Agrícola.

Quien diga que las presentes autoridades no afrontaron con éxito tan grave problemática para el campo dominicano y la economía en general, falta a la verdad.

jpm-am