Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Dólar subió 10 centavos y euro 91; eran vendidos $63.35 y $77.27
Domínguez Brito considera el Gobierno PRM está sin rumbo
Abinader sustituye la OPRET y fortalece funciones de la ETED
El PRM no es igual al PLD y la FP (OPINION) 
Leones definen el roster llevan para la Serie del Caribe 2026
La RD celebra la renovación del mandato oficina ONU en Haití
Cambios estratégicos en el trato minero de RD (OPINION)
Migración de RD deportó 1,096 extranjeros ilegales en un día
Dice Cuba no podrá sobrevivir tras nuevas sanciones de EEUU
FIFA dona 50,000 dólares y 10 mil balones para fútbol infantil
Diplomado Penal
Participación Ciudadana se erige hoy como cabeza y cerebro del intempestivo giro en la estrategia de la oposición política, que de reclamar sanciones para los responsables en el escándalo Odebrecht, apuesta ahora a la desestabilización institucional por vía de acusaciones infames contra el presidente Danilo Medina.
Esa entidad, que se mercadea como ente cívico apartidista, ha logrado colocar a un débil bloque opositor en dirección hacia la temeridad e insensatez política, con el falso criterio de que el Presidente no resistiría una ofensiva basada en el reclamo de un juicio político.
Joao Santana, quien fungió como asesor de la campaña de Danilo Medina de 2012 y durante un tramo de la de 2016, declaró bajo juramento ante dos instancias judiciales de Brasil que Odebrecht no financió esas gestiones proselitistas. Lo mismo dijo su esposa, Mónica Moura, ante un juez penal y otro electoral.
La Directora de Participación Ciudadana se le atribuye decir que Joao y su compañera esposa “incurrieron en perjurio”, es decir que mintieron ante los jueces y fiscales de Brasil, instancias con las que arribaron a un acuerdo para ofrecer detalles sobre implicados en financiación ilegal.
Lo menos que se le puede pedir a esa distinguida abogada es que se digne en ofrecer un diplomado en investigación penal a los magistrados que llevan el Caso Lava Jato y Odebrecht, para que puedan determinar cuándo un imputado miente o dice la verdad.
Esa estrategia sediciosa se sostiene en la difamación personal y política contra el Presidente, por lo que el reclamo ciudadano de que se afronte la corrupción y la impunidad ha pasado a un segundo plano. El objetivo no es cívico, es político.
El colmo fue la feria mediática que montó PC, para solicitar la Procuraduría general “investigue” si Odebrecht financió la campaña de Medina, pero al exigió que esas indagaciones sean dirigidas “por el procurador de mayor edad”, porque no confían en el titular. Esta vez, son los directivos de PC, los que deben recibir el diplomado sobre derecho penal.
El lenguaje cívico de “transparencia”, “impunidad”, “corrupción”, ha cambiado radicalmente por el de “crisis política”, “catástrofe” y de “marcha verde”, todo sostenido sobre un intenso discurso de difamación contra el presidente Danilo Medina, a quien se aspira a destronar por vía Non Santa.
La economía ha crecido en promedio 7.2% en el último trimestre; el turismo superó en ingreso a Argentina, y en dos años se construirán cinco nuevos hoteles, además de iniciarse el desarrollo de Bahía de las Águilas y Punta Arena, en el Sur. Se puso en vigencia el aumento del salario mínimo. El propósito sedicioso está condenado al fracaso.
