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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes que suspendió de oficio 38 registros de proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, por encontrarse dentro del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Entre los registros suspendidos mediante la resolución núm. DGCP44-2025-002579 figuran ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores, que están legalmente impedidos para ser oferentes o suplir bienes, obras o servicios a instituciones del Estado, conforme lo establece la normativa vigente.
La medida, es el resultado de un cruce sistemático de información realizado por los departamentos de Verificación y Gestión de Proveedores.
El órgano rector afirmó que estas suspensiones son medidas preventivas adoptadas para garantizar la integridad del Registro de Proveedores del Estado y forman parte de los cruces de información que se realizan de manera regular, con el objetivo de prevenir posibles conflictos de interés y fortalecer el control en los procesos de contratación pública.
En ese sentido, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró que esta medida no constituye una sanción administrativa, sino una acción preventiva orientada a proteger la integridad del sistema de compras públicas y asegurar el cumplimiento del marco normativo.
“La detección oportuna y la respuesta institucional ante situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la labor de vigilancia que ejerce la DGCP en cumplimiento de su mandato legal”, subrayó Pimentel.
Los registros fueron suspendidos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como establece el acto administrativo correspondiente.
La DGCP informó que, durante la presente gestión, se han suspendido 567 registros de proveedores, en estricto cumplimiento del artículo 14 de la Ley 340-06, reforzando así el compromiso institucional con la legalidad, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.