Desagravio a Andrés Bautista García

La primera reacción en la opinión pública del país fue de estupor,   incredulidad y suspicacia, pero también de prudente reserva, porque después de todo nadie podía rechazar y desmentir los fundamentos y razones de una imputación de tanta gravedad, apenas insinuada por el Ministerio Público.

Se trataba de un profesional y empresario reputado por su decencia, honradez y dedicación al trabajo, y de un exitoso político que a pesar de ser un actor de primera línea en una actividad que se caracteriza por la tendencia a descalificar al contrario, nunca afrontó un solo cuestionamiento sobre su integridad en cualquier plano de su vida.

Después de aquel 29 de mayo del 2017 han pasado más de 30 meses y todavía Andrés Bautista sobrelleva el estigma de una imputación infamante que nunca ha sido probada y ni siquiera sustentaba en indicios razonablemente creíbles, mientras crece la convicción en amplios sectores de la sociedad dominicana de que su permanencia en el expediente Odebrecht es una acto de iniquidad que obedece simplemente a una razón política.

Son muchos los que creen y razonan públicamente, tal como lo hizo el dirigente de izquierda Guillermo Moreno, que la implicación de Andrés en este caso obedece a una siniestra elucubración política   dirigida a crear un falso culpable para desviar la atención pública sobre los que podrían ser los verdaderos beneficiarios de los sobornos pagados por Odebrecht para elevar en más de 2 mil millones de dólares los presupuestos originales de los 18 proyectos ejecutados en el país, como lo    desglosó la periodista Hogla Necia Pérez en un    trabajo de investigación publicado en Diario Libre.

En el país ya se conocía un notable precedente de atribuir falsas imputaciones por conveniencia del Poder cuando a raíz de la muerte del periodista Orlando Martínez, el 17 de marzo de 1975, la Policía Nacional intentó implicar en el crimen a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana Norge Botello, Cheché Luna y Diómedes Mercedes; y al sociólogo Melvin Mañón, propósito felizmente abortado por el rechazo generalizado de la opinión pública.

Un poco de historia 

Mediante un documento difundido por el procurador general de la República, Jean Luis Rodríguez, el 7 de junio del 2018, el licenciado   Andrés Bautista García fue formalmente imputado como autor de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Se trataba del expediente donde se consignaban las acusaciones contra  6 de los 14 encartados originales del caso Odebrecht y  en cuyo grupo fue agregado el alto dirigente del PRM y ex presidente del Senado, Jesús  Vásquez Martínez, bajo el cargo de prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y quien  demostró en la fase preliminar del proceso que las transacciones citadas por el Ministerio Público para sustentar  esa imputación correspondían a los recursos que logró  conseguir prestados para someter a su hija a un complejo procedimiento quirúrgico en los Estados Unidos.

Aunque nunca presentó evidencias suficientes para sustentar los delitos atribuidos a Bautista García, la Procuraduría General de la República intentó argumentar que durante su gestión como presidente del Senado se aprobaron tres contratos de obras con Odebrecht, y le atribuyó   haber manejado mil 900 millones de pesos en una cuenta bancaria, insinuando que ese dinero era fruto del soborno pagado por la firma brasileña.

El Ministerio Público olvidó convenientemente que el 95% de los contratos de Odebrecht y los consiguientes addendums o anexos que permitieron elevar en un 50% las obras contratadas en el país, fueron aprobados cuando el Congreso era dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana.

También olvidó, como lo recordó en algún momento el propio Andrés Bautista, que los jefes del Poder Ejecutivo y los funcionarios del Gobierno Central, son los responsables de asignar las obras, elaborar los contratos, asignar los fondos, buscar los préstamos, proponer los cambios en el presupuesto y ejecutar y pagar las obras.

Sin embargo, quien ha sido retenido como culpable favorito o víctima propiciatoria ha sido el ex presidente del PRM, cuyo nombre no se menciona ni una sola vez en las 19 mil páginas del expediente elaborado en Brasil sobre el caso Lava Jato.

En cuanto a la acusación de enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público sencillamente obvió referirse a las pruebas certificadas por el Banco Popular Dominicano y el informe elaborado por especialistas en la materia que detallaban cada movimiento económico legítimo de Andrés Bautista durante más de 20 años, que incluye 37 carpetas de soportes con todas las facturas, cheques, múltiples préstamos, comprobantes de pagos y recibos de ingresos en las cuentas del Banco Popular de Andrés Bautista García,  producto de sus actividades empresariales.

Andrés ha debido recordar que cuando llegó a la presidencia del Senado ya tenía 30 años como productor agropecuario, precisando que el flujo bancario citado como supuesta prueba en su contra corresponde exclusivamente a préstamos bancarios y a la venta de cerdos y ganado producidos durante más de 15 largos años de duro trabajo.

No pretendo usurpar  ni enmendar  el papel de los abogados de Andrés, tan brillantemente cumplido  por los juristas  Carlos Salcedo, Antoliano Peralta, Jorge  López Hilario y Thiaggo Marrero pero me siento en el deber moral, más que político, de expresar este sentimiento de solidaridad hacia un ciudadano ejemplar y un hombre público que dignifica el ejercicio de la política y reivindica la razón de Duarte al definir esta actividad como   “la ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”.

lj.chavez23@gmail.com