Desafíos de la nueva procuradora general

POR CARLOS SALCEDO

La nueva procuradora general de la República no necesita presentación. Su dilatada carrera en el Ministerio Público (MP) nos la ahorra. Fue titular de tres fiscalías y estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución. Su manejo responsable es conocido por el país, lo que la ha hecho merecedora del respeto público y del cargo que hoy ostenta.

Los retos que enfrenta han sido indicados por políticos, juristas y opinadores. Algunos acumulados y otros agravados. No me detendré en ellos ahora.

Se habla de que el principal reto del MP es el de ganarse la confianza ciudadana. Pero, esto depende del respeto de los derechos ciudadanos y de una gestión de procesos y administrativa eficiente, en cada caso. Sin buscar aplausos ciudadanos. Solo los artistas y políticos lo esperan de fanáticos y seguidores.

Y es que el MP tiene misiones odiosas: dirigir investigaciones penales y ejercer la acción pública, lo que entraña cuestionamientos al investigado, sinsabores, resabios y afectación de derechos fundamentales.

Investigar un hecho delictivo y perseguirlo genera enconos de imputados y familiares, quienes cuentan con el favor de parte de la prensa y de las redes.

De la determinación y capacidad de la procuradora no tenemos dudas. De la objetividad en las investigaciones y del respeto al principio de transparencia para los investigados, quienes tienen derecho de acceso a las actuaciones desplegadas, los hechos han reflejado que muy poco se respetan.

También, frecuentemente, los fiscales violan el principio de objetividad, según el cual el MP debe reunir evidencias tanto de cargo como de descargo y ponerlas a disposición de los investigados, cosa que se les niega con frecuencia pasmosa.

Si como contrapeso de dichas funciones antipáticas, en el ejercicio de sus funciones el MP debe garantizar los derechos de los ciudadanos incurso en una investigación, la procuradora tiene un desafío: eliminar el lastre de opacidad investigativa, de no disponer la carpeta fiscal para los imputados, para preservar los derechos de los imputados y hacer legítimo el proceso.

Ello implica investigar en clave de derechos, para evitar la patología procesal. Sus consecuencias indeseadas ya las conocemos: muchos procesos acaban siendo liquidados por vicios procesales, mala instrumentación y flagrantes violaciones a derechos de los imputados.

Prefiero hablar de desafíos, de problemas específicos, para que la nueva procuradora ponga el dedo en la llaga. Seguiremos con otros en futuras entregas.

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