Cuarto aniversario de masacre en San Pedro de Macorís

“Entra por favor, hermano”, dijo Leónidas Martínez, director de la estación FM 103 en San Pedro de Macorís. Joselo Rodríguez entró.

Dayanna García de Hernández, la secretaria, escuchó fricción de metales. “Alguien sobó una pistola, luego escuché varios disparos”.

“Corrí a la cabina para avisarle a Luis Manuel Medina, el locutor. Le grité, pero tenía los audífonos puestos, no me escuchó, vino Joselo y le metió varios tiros”.

“Me apuntó a la cabeza y disparó varias veces, pero la pistola se encasquilló. Me disparó otra vez, cuando quise correr resbalé con la sangre de Luis Manuel y la bala me rosó la sien izquierda. Caí y me hice la muerta. Me disparó otra vez por el costado izquierdo”.

Este domingo se cumplió el cuarto aniversario de esa masacre de San Valentín en San Pedro de Macorís. Rodríguez, informó la policía, se suicidó.

Todo estuvo amarrado con la venta irregular de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) según dijo el entonces consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

El CEA le vendía la misma tierra a varias personas. Todas pagaban. Nadie tiene nada.

Entre Martínez, Medina y Rodríguez, había negocios relacionadas con terrenos del CEA. Rodríguez buscó dinero prestado para comprar las tierras e instalar una academia de béisbol, se quedó sin plata y sin tierras.

Miles de personas fueron estafadas con tierras del CEA, entre ellos gente prominente y desconocida.

Muchas personas piden intervención oficial para evitar otras tragedias.

Los envueltos

La estrella de las Grandes Ligas Robinson Canó pagó millones de pesos por unas tierras, pero no son suyas.

El ex senador reformista convertido en peledeísta, que ahora merodea por FUPU, y presidente de la Universidad Central del Este es José Emeterio Hazim Frappier; casi se bate a tiros con unos españoles, por tierras del CEA. El actual senador electo por el PLD, que se pasó a la FUPU, Franklin Peña, construye en tierras del CEA bajo litigios.

Los últimos tres directores del CEA en el gobierno del PLD fueron de San Pedro: Pepe Domínguez, Pedro Mota y Luis Pichirilo, solo resolvieron sus problemas financieros.

Diariamente llamaban a la radio petromacorisana reclamando intervención del secretario de la presidencia, licenciado Lisandro Macarrulla. El vivió en San Pedro cuando administraba Cementos Nacionales.

En Octubre Macarulla prometió que avanzaría la titulación de casas en tierras del CEA en San Pedro.

“El presidente entiende la importancia de que cada dominicano que tenga su título, por lo que eso va a representar para él, el acceso al crédito y la posesión formal del inmueble” dijo Macarrulla. Miles de familias esperan el cumplimiento de esa promesa.

El CEA también desacata todas las sentencias judiciales en su contra, creando un problema de “inseguridad jurídica” denunciado por la ex embajadora estadounidense Robin Bernstein.

En noviembre la defensora del pueblo. doctora Zoila Martínez Guante, pidió que la procuradora general Miriam Germán Brito intervenga para que el CEA acate las sentencias judiciales.

Martínez Guante denunció el “desacato e inejecución” de las sentencias 143/2014 y 201000409 contra el CEA, el favor del señor Diógenes Aracena. Manifestó su “preocupación” y pidió una “pronta intervención”, pero German Brito la ignoró.

Los gobiernos del PLD destruyeron el CEA, la principal fuente de trabajo en San Pedro, y estafaron a quienes pagaron por tierras del consorcio.
El nuevo gobierno, pasará “los bienes del CEA a Bienes Nacionales”. Eliminar el CEA desaparece el cuerpo del delito, y la responsabilidad jurídica gubernamental.  Una irresponsabilidad antológica en los anales de administración pública.

El PLD mató el CEA, el PRM destruirá el cadáver, los estafados se quedan estafados.

Cuatro años después, recordaremos a Martínez, Medina y Rodríguez, pero los responsables de sus muertes hoy disfrutan su dinero y la impunidad, garantizada por el nuevo gobierno. Si hay otra tragedia, será culpa del gobierno pasado.