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El pasado 28 de febrero, el presidente Donald Trump tomó la decisión de iniciar acciones militares contra Irán sin autorización explícita del Congreso y en abierta contradicción con lo establecido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que obliga a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país.
En el transcurso de la semana, el conflicto se ha expandido a todo el Medio Oriente y no se descarta la idea de una guerra prolongada.
Iniciar una guerra sin aval legislativo interno ni mandato multilateral plantea una pregunta inquietante: ¿Está Estados Unidos entrando en una fase de política exterior sin frenos institucionales claros? Más allá de simpatías o antipatías ideológicas, lo que está en juego no es solo un conflicto puntual en Medio Oriente; es, en esencia, la confirmación de la erosión del orden internacional construido tras el fin de la segunda guerra mundial.
Durante décadas, Washington se presentó como garante de un sistema basado en reglas, alianzas y legalidad internacional. Desde la creación de las Naciones Unidas hasta la consolidación del entramado financiero de Bretton Woods y la fundación de la OTAN, Estados Unidos defendió —al menos en el discurso— la primacía del derecho y la consulta multilateral. Cuando esa misma potencia decide actuar unilateralmente y justificar la guerra con argumentos débiles o controvertidos, el mensaje global cambia radicalmente.
No es la primera vez que ocurre. Bajo George W. Bush, la invasión a Irak se sustentó en la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Aquella decisión debilitó la credibilidad estadounidense y reconfiguró el equilibrio regional durante dos décadas. Antes, el episodio del Golfo de Tonkín permitió a Lyndon B. Johnson escalar la guerra de Vietnam con base en información luego cuestionada. Cada vez que el Ejecutivo ha sobrepasado límites o construido justificaciones endebles, el costo estratégico ha sido elevado y prolongado.
El caso iraní es particularmente delicado. Irán no es un actor marginal. Posee capacidad de disuasión, redes de influencia regional y poder para afectar rutas energéticas críticas. El impacto ya se percibe en el Estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 20% y el 25% del petróleo mundial. Si el conflicto se prolonga, veremos dispararse los precios del crudo, provocando un nuevo choque inflacionario global. En un mundo ya marcado por tensiones geopolíticas, cadenas de suministro fragmentadas y alta volatilidad financiera, un conflicto de mayor envergadura sería, literalmente, echar gasolina al fuego.
Lo que está ocurriendo es serio. Si el presidente puede iniciar una guerra sin deliberación legislativa robusta, se erosiona el principio de separación de poderes, uno de los pilares de la democracia estadounidense. La fortaleza de Estados Unidos no ha radicado solo en su poder militar, sino en la credibilidad de sus instituciones. Cuando esa credibilidad se resquebraja, también lo hace la confianza que sostiene al dólar, a los bonos del Tesoro y al sistema financiero global.
Para los aliados tradicionales, la señal es inquietante. La previsibilidad estratégica —un activo invaluable— se debilita. Europa, Asia y América Latina comienzan a preguntarse si deben diversificar dependencias y reducir exposición a un socio que actúa de manera impredecible. Para potencias como China y Rusia, el unilateralismo estadounidense ofrece una oportunidad narrativa: cuestionar el liderazgo moral de Washington y promover un orden alternativo menos centrado en normas y más en balances de poder.
En este contexto, países pequeños y abiertos como la República Dominicana enfrentan un dilema estructural. Nuestra economía depende del comercio, del turismo, de las remesas y de la estabilidad financiera internacional. Un mundo donde la principal potencia actúa sin anclas institucionales es un mundo más volátil, con mayores costos energéticos, primas de riesgo más altas y presiones para alineamientos geopolíticos incómodos. La incertidumbre no es abstracta: se traduce en crecimiento más débil y mayor vulnerabilidad externa.
La gran interrogante es si estamos ante un episodio coyuntural o ante una transformación más profunda del papel de Estados Unidos en el mundo. Si la tendencia hacia un presidencialismo hegemónico se consolida, el orden internacional podría entrar en una fase más inestable, marcada por bloques rivales, mayor militarización y un progresivo debilitamiento de las reglas compartidas que han sostenido el sistema internacional.