Si usted es una persona que está de acuerdo que en las próximas elecciones del año 2028, cualquier ciudadano pueda presentar una candidatura independiente en cualquier nivel, le recuerdo que existe un complot por parte de los partidos políticos, cuyo fin es impedir que miles de ciudadanos ejerzan su derecho a la participación política como independientes.
1. Mientras la ley les exige a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para su formación y reconocimiento el 2% del total de los votos válidos en las últimas elecciones, a los que quieran presentar una candidatura independiente les quieren, ilegalmente, exigir recoger las firmas del 2% del total de los inscritos en el padrón electoral.
He aquí un simple ejemplo: Si el Partido X quiere lograr el reconocimiento de la JCE, y votaron en las elecciones pasadas (2024) un total de 4 millones de votantes (50%), de un total de 8 millones que estaban hábiles para votar, ese partido sólo necesitaría recoger el 2% del total de los que votaron, es decir, 80 mil firmas.

Pero si es una persona que quiere presentarse como candidato presidencial independiente, los partidos están exigiendo, ilegalmente, que éste tiene que recoger el mismo 2% de firmas, pero del total del padrón electoral que son 8 millones, es decir, unos 160 mil firmas (el doble).
2. Mientras la ley les permite a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que buscan su reconocimiento ante la JCE recoger esas firmas de cualquier ciudadano que afirme que apoya su reconocimiento, a las personas que quieran presentarse como candidatos independientes, ilegalmente, les quieren exigir que esas firmas no pueden aparecer en ningún padrón de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos actualmente reconocidos por la JCE, porque serían inválidas.
Como ven, la idea es torpedear las candidaturas independientes a como dé lugar, imponiéndoles requisitos que no exige la ley, cuando lo que deberían es exigirles, a lo mucho, las mismas que se les exigen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Ambas exigencias vulneran la garantía constitucional del artículo 39 de la constitución (Derecho a la Igualdad), que dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
Si los partidos se salen con la suya una vez más, no se sorprendan si la abstención electoral que ya fue del 46% en las elecciones pasadas, se trepa o supere el umbral del 50%, lo que le restaría aún más legitimidad a los que ganen sus posiciones electivas en el 2028.


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