Cifras del ministerio de Interior y Policía: la verdad
Las cifras oficiales sobre delincuencia en República Dominicana suelen mostrar, periódicamente una tendencia a la baja en el número de denuncias recibidas por la Policía Nacional. Superficialmente, esto podría interpretarse como un triunfo en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, una mirada más profunda revela una realidad preocupante: esta aparente disminución podría ser, en gran medida, un espejismo estadístico, alimentado por una crisis de confianza ciudadana y prácticas cuestionables en la recepción de denuncias.
La sombra de la desconfianza: Pilar fundamental de cualquier sistema de seguridad es la confianza de la población en sus autoridades. Cuando esta confianza se erosiona, las personas dudan en acudir a las instituciones encargadas de protegerlas.
En República Dominicana, lamentablemente, son recurrentes las percepciones (y experiencias documentadas) de corrupción policial, ineficiencia en las investigaciones, lentitud procesal y, en algunos casos, temor a represalias o a la re-victimización.
¿Para qué denunciar un robo si se cree que el caso terminará archivado sin consecuencias, o peor aún, que el denunciante podría enfrentar problemas burocráticos o desdén? Esta desconfianza generalizada actúa como un poderoso disuasor, especialmente para delitos percibidos como «menores» (hurtos, daños a la propiedad) o complejos (violencia intrafamiliar, extorsión), donde las víctimas sopesan el costo emocional y el tiempo invertido frente a las escasas expectativas de justicia.
La recepción selectiva: ¿Filtrando la Realidad?. A esta desconfianza de base se suma un fenómeno aún más pernicioso: la presunta recepción selectiva de denuncias por parte de algunos agentes o unidades policiales. Existen persistentes denuncias ciudadanas y observaciones de organizaciones sociales que apuntan a prácticas como:
1. Disuasión activa: Minimizar la gravedad del delito («¿Para qué va a denunciar eso? No vamos a recuperar su teléfono»), desalentando formalizar la denuncia.
2. Barreras burocráticas: Crear obstáculos innecesarios (horarios limitados, múltiples viajes, requisitos excesivos) para desanimar al denunciante.
3. Filtro por gravedad percibida: priorizar o aceptar más fácilmente denuncias por delitos de alto impacto mediático o que afecten a ciertos sectores, mientras se dilatan o desalientan las de delitos comunes o que afectan a poblaciones más vulnerables.
4. Geografía del crimen: La percepción de que denunciar en ciertas demarcaciones es más difícil o menos efectivo que en otras.
Este filtro selectivo no solo viola el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que distorsiona radicalmente la fotografía real de la inseguridad. Si solo se registran los delitos «aceptados» por el filtro policial, las estadísticas oficiales se convierten en un reflejo parcial y edulcorado de la realidad, no en una herramienta fiable para diseñar políticas públicas efectivas.
El peligroso espejismo: La consecuencia de esta combinación tóxica (desconfianza ciudadana + recepción selectiva) es una alarmante «cifra negra»: el vasto universo de delitos que nunca se reportan oficialmente. Esta cifra negra es el caldo de cultivo perfecto para la impunidad. Los criminales operan con mayor sensación de invulnerabilidad al percibir que sus acciones rara vez tienen consecuencias legales.
Las autoridades, al basar sus estrategias y asignación de recursos en estadísticas artificialmente bajas, pueden estar desatendiendo problemáticas reales y extendiendo una falsa sensación de seguridad. Además, sin datos precisos, es imposible evaluar el verdadero desempeño de las instituciones o la efectividad de las medidas implementadas.
Hacia una solución: revertir esta situación requiere acciones concretas y sostenidas:
1. Transparencia radical y rendición de cuentas: Investigar y sancionar ejemplarmente cualquier caso de corrupción o negligencia policial. Publicar datos desagregados y metodologías claras sobre denuncias y resultados.
2. Capacitación y cambio cultural policial: formación obligatoria en derechos humanos, atención a víctimas (sin revictimización) y ética policial. Enfatizar que toda denuncia, sin importar su naturaleza, debe ser recibida y tramitada con diligencia y respeto.
3. Simplificación y accesibilidad: Implementar sistemas de denuncia en línea confiables, ampliar horarios en las dependencias, y garantizar trámites ágiles. Unidades especializadas para víctimas vulnerables.
4. Comunicación efectiva: Las autoridades deben comunicar proactivamente los avances (aunque sean pequeños) en casos, demostrando que las denuncias sí importan y tienen seguimiento.
5. Fortalecimiento de canales alternativos: apoyar a las fiscalías y defensorías del pueblo como vías complementarias de denuncia y control.
La aparente disminución en las estadísticas de denuncias en la República Dominicana no debe celebrarse prematuramente. Es, con alta probabilidad, un síntoma de una enfermedad más profunda: la ruptura del vínculo de confianza entre la ciudadanía y su policía, agravada por prácticas inaceptables de selección en la recepción de denuncias.
Ignorar esta realidad es perpetuar la impunidad y minar cualquier esfuerzo genuino por combatir la delincuencia. Solo reconstruyendo la confianza mediante transparencia, profesionalismo y un compromiso irrenunciable con el servicio a todos los ciudadanos, las estadísticas podrán volver a reflejar, con mayor fidelidad, la situación de seguridad y convertirse en la herramienta útil que nunca debieron dejar de ser.
La verdadera lucha por la seguridad comienza garantizando que cada voz que clama justicia sea escuchada y registrada.
juliocasado21@gmail.com
jpm-am