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POR ALEJANDRO SANTOS
Ha revivido el debate entre dos corrientes políticas: una que propugna por establecer la posibilidad de que personas independientes puedan presentar sus candidaturas a los diferentes niveles en nuestro país, y otra representada por los partidos que se oponen a esta iniciativa.
Las contradicciones en estas posiciones también están relacionadas con el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, consagrado en la Constitución Dominicana. No obstante, en la práctica, este derecho ha estado históricamente canalizado a través de los partidos políticos.
Por otro lado, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como la Ley 15-19 de Régimen Electoral, establecen un sistema claramente partidista, donde las candidaturas independientes enfrentan grandes obstáculos para materializarse.
En un escenario con un marco legal que da sustento a cada paradigma de participación política, las contradicciones adquieren diversos matices que abarcan lo legal, el sistema de partidos, la participación ciudadana y la calidad de la representación.
Cuando se aborda el tema de la calidad de la representatividad, en virtud del origen y de las actividades a las que se dedican sus principales actores, se toca uno de los aspectos más neurálgicos del debate. Esto se debe, en gran medida, a los constantes escándalos que sacuden a los partidos políticos.
Las organizaciones políticas dominicanas deben entender que han contribuido a fomentar un nivel cada vez más alto de cuestionamiento y rechazo. Esto obedece a los innumerables escándalos de corrupción en los distintos gobiernos, las promesas incumplidas, los problemas fundamentales no resueltos, así como los señalamientos de vínculos con el narcotráfico y las bancas de loterías y apuestas, entre otros.
El hecho de que existan figuras en el gobierno y en el Congreso Nacional señaladas por acciones ilícitas conlleva directamente a una pérdida de credibilidad en las representaciones políticas.
La realidad del desgaste y la pérdida de confianza en los partidos es la razón principal por la cual se viene enarbolando la necesidad de abrir un espacio para las candidaturas independientes.
El temor y rechazo a esta posibilidad lo que hacen es poner en evidencia las debilidades presentes en las organizaciones políticas. Si estas sintieran que tienen asegurada la supremacía del favor popular, no tendrían objeción a esa apertura.
Todo indica que la lucha por abrir un espectro más amplio de posibilidades electorales marcará el devenir político en el presente y en el futuro próximo de nuestro país.
En el fondo, no se trata de debilitar a los partidos, sino de obligarlos a reconectarse con la sociedad, elevar la calidad de su representación y recuperar la confianza perdida. Las candidaturas independientes no sustituyen al sistema de partidos, pero sí lo interpelan y lo obligan a transformarse.
jpm-am
