Cambios que se esperan (2)

Sin embargo, según cifras recientemente reveladas por técnicos del área, hoy día apenas un 52 por ciento de la nómina pública han sido incorporados al sistema de carrera administrativa, lo cual innegablemente requiere de un esfuerzo institucional por parte del nuevo gobierno que presidirá el Lic. Luis Abinader.

Incorporar a todos aquellos servidores que deben pertenecer a la carrera administrativa,  es cumplir con el objetivo esencial que se persigue con esa legislación, que no es otro que el de la institucionalización de las funciones públicas en la República Dominicana.

El otro de los objetivos que procura dicha ley es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por cuanto cada dominicano tiene el derecho constitucional de ocupar un cargo público en su país, pertenecer a la carrera administrativa y gozar de estabilidad laboral sin sufrir ningún tipo de discriminación, ni ideológica, religiosa, política ni de ningún otro género, en la medida de las posibilidades de oferta de empleo que tenga el Estado y en la medida que cada ciudadano cumpla con el perfil y los requisitos legales para desempeñar cada función dentro de sus diferentes instituciones.

Tal es la protección jurídica que tienen los servidores y funcionarios públicos de carrera,  que el artículo 145 de la Constitución dispone lo siguiente: “Protección de la Función Pública. La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”.

Contrario a lo que ha sido la tradición política en nuestro país, y a lo que piensa una parte de nuestros dirigentes políticos, no es posible lograr la institucionalidad y la eficiencia en los organismos del Estado si no es sobre la base del respeto al sistema de carrera administrativa y al estatuto de función pública, que no solo contempla derechos para los servidores y funcionarios públicos de carrera.

La Ley de Función Pública también contempla obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y un régimen disciplinario que, por cierto, requiere que se perfeccione y se fortalezca, dado que en muchas instituciones se suele actuar con arbitrariedad y se vulneran los procedimientos disciplinarios que establece la ley y sus reglamentos de aplicación en perjuicio de los derechos de los servidores públicos.

Y es que ningún país que cuente con instituciones sólidas y que brinden un servicio eficiente a sus ciudadanos ha logrado elevar sus estándares de calidad y transparencia sin que sus gobiernos respeten y consoliden un sistema de carrera administrativa y un estatuto de función pública como el que establece la Constitución dominicana en sus artículos 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148, así como la Ley Núm. 41-08 sobre Función Pública.

Por su parte, un problema que requiere especial y permanente atención, y que fue uno de los temas más abordados por el presidente electo Luis Abinader en la campaña electoral, lo es el de la seguridad ciudadana.

No obstante, resulta quimérico alcanzar logros significativos en esa materia sin mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los agentes y miembros de la Policía Nacional y sin eliminar las arbitrariedades y discrecionalidades que se suelen cometer en esa institución con relación a los salarios, compensaciones y ascensos.

Allí suele ocurrir, por ejemplo, que dos agentes con el mismo rango devengan salarios e incentivos distintos, y el que tiene más responsabilidades es quien devenga menores ingresos, mientras el que recibe mayores ingresos no desempeña ninguna función y se encuentra trabajando en un empleo privado.

A pesar de algunos avances apreciables y del esfuerzo que ha hecho en los últimos años el actual director general de esa institución, la profundización de la reforma de la Policía Nacional, sobre todo en el aspecto administrativo, financiero, académico, y en la gestión humana de su personal, es una de las tareas más importantes que debe asumir el próximo gobierno y las próximas autoridades del Ministerio de Interior y Policía.

Ojalá se lleve definitivamente la justicia social, la equidad y la igualdad a  una institución que ha sido históricamente la cenicienta del Estado dominicano en materia salarial y de seguridad social, al tiempo que se logre implementar un sistema de ascensos exclusivamente en base a los méritos académicos, profesionales y laborales de sus miembros.

El Estado dominicano sigue siendo una especie de Leviatán en el cual coexisten una cantidad enorme de instituciones, organismos, direcciones y departamentos inoperantes que muchas veces ejercen duplicidad de funciones.

Esto requiere que se eliminen muchos de estos organismos, tal como anunció el presidente electo que se haría con la Oficina Supervisora de Obras del Estado, piedra de escándalo en diferentes gobiernos.

Un ámbito del Estado que requiere de una reforma profunda es el servicio exterior, porque constituye una vergüenza nacional, en un país con tantos problemas económicos y sociales, el despilfarro de recursos públicos que implica la cantidad de vicecónsules, consejeros, embajadores ante organismos internacionales y demás cargos diplomáticos y consulares que se encuentran recibiendo cuantiosos salarios en dólares sin desempeñar funciones y sin siquiera haber recibido la acreditación correspondiente del país ante el cual fueron nombrados.

El servicio exterior requiere que la cantidad de diplomáticos y funcionarios consulares que se designen en él se circunscriba  al límite establecido por la ley, a las necesidades del país y a la racionalidad administrativa y financiera de un Estado pequeño y con recursos financieros limitados como el nuestro.

Igualmente, el servicio exterior demanda que se respete el sistema de carrera diplomática y que se nombren en sus diferentes cargos a profesionales idóneos que realmente estén en condiciones de rendir un servicio eficiente al país.

Se debe erradicar definitivamente del servicio exterior y de todo el Estado dominicano la práctica de designar a personas que cobran un cheque mensual sin rendir ninguna labor, así como de nombrar a personas que no cumplen con el perfil profesional para desempeñar una determinada función pública.

En el ámbito de la justicia, el presidente electo ha dado una señal positiva al anunciar que desea designar a un procurador o procuradora general de la república “independiente”, es decir, que no sea un dirigente político de su partido, lo cual es una decisión saludable desde el punto de vista institucional.

El país cuenta con profesionales del derecho idóneos y honestos para desempeñar esa función. En el propio ministerio público hay mujeres y hombres que han hecho una carrera de años y que tienen los méritos para ocupar esa posición, y no hay por qué dudar que realizarían una labor profesional, objetiva y ajustada al ordenamiento jurídico y a la ética desde un cargo con funciones tan delicadas.

Por su parte, a partir del mes de diciembre próximo corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y a cuatro jueces del Tribunal Constitucional.

Los que creemos en el fortalecimiento de las instituciones y en la imparcialidad e independencia que deben tener los integrantes de los órganos jurisdiccionales, esperamos que, contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones en que se han designado a dirigentes o activistas políticos reconocidos en las denominadas altas cortes, en esta ocasión el presidente electo mantenga la misma línea institucional que ha mantenido con relación al máximo titular del ministerio público, y logre organizar y dirigir un concurso público en el que los profesionales del derecho sin vínculos partidistas que participen en el mismo puedan sentir que serán evaluados con objetividad y en base a sus méritos profesionales y personales exclusivamente, y no, que desde semanas antes del concurso, circule el listado de los que serán designados.

Un cambio que no requiere de inversión financiera pero que resulta medular para el desarrollo de la nación, de la institucionalidad del Estado, de la justicia y de la democracia dominicana, es sencillamente que el nuevo gobierno se proponga que todos sus funcionarios cumplan con el mandato de la Constitución y las leyes, y que, en consecuencia, se destituya al que no cumpla con ese deber fundamental consagrado en el texto sustantivo.

Solo con que se adopte esa actitud por parte de los altos funcionarios del nuevo gobierno avanzaremos enormemente como sociedad.  Si las funciones públicas se asumen con ese compromiso, se acabaría, por ejemplo, con el espionaje telefónico desde el Estado, entre otras prácticas violatorias de la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.

Los dominicanos a quienes nos duele la suerte de nuestro país y de nuestros conciudadanos debemos desear mucha suerte al presidente Luis Abinader y al nuevo gobierno que inicia su gestión el próximo 16 de agosto.

El pueblo dominicano espera muchos cambios y reformas importantes que vayan en favor de una sociedad más justa, libre, organizada y civilizada.