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Rousseff, quien admitió estar «triste» pero no «abatida», afirmó que ha quedado frente a una «situación que solo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la verdad, la democracia y el Estado de Derecho».
La mandataria aseguró también que, una vez que el proceso con vistas a un juicio político se inicie en el Senado, confía en que tendrá la «oportunidad» de defenderse y demostrar que, en su caso, «se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente».
En una rueda de prensa, Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y mucho menos un «delito de responsabilidad», como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
«Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos», indicó.
Por momentos emocionada, apuntó que con otros mandatarios esas maniobras «fueron consideradas legales» y que siente que a ella le «reservan un tratamiento que no se le dio a nadie».
También consideró «interesante» que no hay en su contra «ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior», que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.
Rousseff recordó que en su juventud enfrentó por «convicción» a una dictadura y afirmó que ahora, en su madurez, enfrentará de la misma forma «un golpe de Estado, que no es de los tradicionales, pero es un golpe».
Este domingo, la oposición de Brasil reunió en el pleno de la Cámara de Diputados los 342 votos necesarios para que prosiga el proceso contra Rousseff, con lo que el Senado decidirá si inicia un juicio con miras a su destitución.
wj-am