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Bogotá en estado de alerta por deportaciones
El cierre de la frontera más dinámica de Colombia y Venezuela por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha generado una crisis humanitaria en la ciudad colombiana de Cúcuta a la que en menos de dos días han llegado 394 deportados, entre ellos 42 menores de edad.
Las deportaciones masivas prendieron las alarmas en el Gobierno colombiano que trata por los canales diplomáticos de revertir la situación y evitar una crisis de grandes proporciones.
Con ese propósito, el presidente Juan Manuel Santos intenta un diálogo directo con Maduro, según dijo ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien encabeza una comisión enviada a Cúcuta para tratar la situación.
Un centro médico
En Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, el Gobierno instaló además un Centro de Mando Unificado en el que trabajan funcionarios de la Gobernación regional, la Alcaldía, la Cancillería, la Policía y otras instituciones del Estado.
“Concentraremos todas las tareas en manejar la situación de frontera y los deportados”, explicó el ministro Cristo. Cúcuta está comunicada con las ciudades de Ureña y San Antonio, que hacen parte del estado venezolano de Táchira, por el puente internacional Simón Bolívar que transitan a diario decenas de miles de personas y vehículos en un incesante flujo comercial y de contrabando.
El puente fue cerrado en la medianoche del miércoles por orden de Maduro, inicialmente por un periodo de 72 horas, después de que tres miembros de la fuerza armada venezolana y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.
Esa medida, que en un principio no causó mayor preocupación al Gobierno colombiano hasta el punto de que la canciller María Ángela Holguín la consideró “una decisión soberana” y no manifestó el más mínimo malestar a Venezuela, se agravó el viernes con el anuncio de Maduro del cierre del paso fronterizo se prolongará.
EFE
